El debate por la reforma de la Ley de Glaciares no quedó limitado a las provincias cordilleranas. A lo largo de las audiencias públicas convocadas en el Congreso, se configuró un escenario de participación federal que incluyó voces de todo el país, entre ellas, correntinas.

El proceso, atravesado por una inscripción masiva de participantes, mostró una fuerte preocupación social frente a los cambios impulsados por el Gobierno nacional. En términos generales, la reforma plantea una reducción en los alcances de protección ambiental, habilitando mayores márgenes para actividades productivas en zonas que hasta ahora estaban resguardadas.

En ese marco, desde Corrientes emergieron posicionamientos críticos que, aunque no parten de una afectación territorial directa —la provincia no posee glaciares—, sí se inscriben en una discusión más amplia sobre el uso de los bienes naturales. Espacios como participaron activamente en la difusión del conflicto, promoviendo la inscripción en audiencias y fijando postura contra la reforma como Correntinos contra el cambio climático.

La intervención correntina se dio principalmente a través de redes sociales y en el marco virtual que permitió el esquema de debate. Desde allí, se sostuvo una línea argumental centrada en la defensa del agua como bien común y en la crítica a un modelo extractivo que, según plantean, prioriza intereses económicos por sobre la protección ambiental.

Sin embargo, el carácter “federal” del debate encontró límites concretos. A pesar de la gran cantidad de inscriptos, la posibilidad efectiva de exponer quedó restringida a un número acotado de participantes, con intervenciones breves. Esa tensión entre participación masiva y acceso limitado a la palabra marcó uno de los principales cuestionamientos al proceso.

En ese escenario, la presencia correntina adquiere un significado particular. No se trata de una defensa localizada, sino de una toma de posición política frente a un modelo de desarrollo. La discusión por los glaciares, entonces, excede la geografía: se convierte en un punto de condensación de debates más amplios sobre soberanía, ambiente y distribución de los recursos.

Así, desde el litoral, también se hizo oír una voz en un conflicto que, aunque distante en términos territoriales, interpela de manera directa el rumbo de las políticas ambientales en el país.