Por Jere Giordano

Cada 25 de marzo se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. La fecha remite, por un lado, a la sanción del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por decreto en 1944 y convertido en ley en 1946, que reconoció derechos laborales y la especificidad de la tarea. 

Pero también está atravesada por otro hecho: el 25 de marzo de 1977 fue secuestrado y asesinado Rodolfo Walsh, un día después de difundir su denuncia contra la dictadura. En esa doble inscripción —derechos y persecución— se cifra una tensión que sigue vigente.

Cuando Walsh escribe la Carta abierta a la Junta Militar, no lo hace esperando justicia. Escribe sabiendo que esa justicia no va a llegar en ese momento. Sin embargo, insiste en registrar. Ahí aparece una definición más profunda: la verdad como un valor en sí misma. No subordinada a su eficacia ni a sus consecuencias, sino sostenida como acto.

Esa posición redefine el periodismo. Porque si la verdad dependiera de la justicia que produce, su validez estaría condicionada por el poder. En Walsh, en cambio, la verdad se sostiene incluso en condiciones adversas, incluso cuando no hay reparación posible. Es, por sí misma, una forma de intervención política.

Con el tiempo, esa verdad se desplaza. Lo que en 1977 era una denuncia perseguida, décadas después se integra a los procesos de memoria colectiva y a los juicios por delitos de lesa humanidad. La verdad no garantizaba justicia, pero la hizo posible. La precedió, la acumuló, la sostuvo en el tiempo.

Ahí se inscribe también la persistencia de la consigna del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La memoria no es solo evocación: es una práctica activa de construcción de verdad. Por eso la insistencia de Walsh en registrar. Porque sin verdad no hay nada que disputar, ni justicia que construir.

Pero esa posibilidad no depende solo de una decisión ética. Depende también de condiciones materiales concretas. Y ahí aparece una dimensión que atraviesa al periodismo argentino desde hace años: la precarización.

Distintos relevamientos muestran un deterioro estructural del trabajo de prensa. En muchos casos, los salarios están por debajo de la línea de pobreza y el pluriempleo se vuelve una necesidad más que una elección. A su vez, una gran parte de los medios no cuenta con trabajadores registrados, y predominan formas de contratación inestables como el monotributo o el trabajo por colaboraciones. Esto implica menos derechos, menor protección y mayor dependencia.

En las provincias, esta situación suele profundizarse. Testimonios como el de la trabajadora de prensa en Misiones, hace unos años, describen un escenario donde directamente “no hay trabajo” o donde las condiciones son tan precarias que se vuelve insostenible ejercer el oficio de manera digna. Ese cuadro es extrapolable a gran parte del interior, incluyendo regiones como el NEA, donde la concentración mediática, la dependencia de la pauta oficial y la escasez de empleo formal condicionan fuertemente la práctica periodística.

La precarización no es solo un problema laboral. Tiene efectos directos sobre la producción de verdad. Menos tiempo, menos recursos, más presión por la inmediatez o la supervivencia económica: todo eso limita la posibilidad de investigar, contrastar y sostener trabajos críticos. En ese marco, la verdad deja de ser solo una decisión ética y pasa a estar condicionada por las condiciones de producción.

Ese escenario se agrava con el contexto político actual. El gobierno de Javier Milei ha profundizado el conflicto con el periodismo mediante discursos estigmatizantes, restricciones al acceso a la información y la promoción de estructuras estatales orientadas a disputar el sentido de lo verdadero . A esto se suman episodios de represión y agresiones a trabajadores de prensa en coberturas, en un clima donde el ejercicio del oficio incorpora también el riesgo físico.

En paralelo, la avanzada sobre el Estatuto del Periodista implica debilitar un marco que protegía la estabilidad laboral, regulaba condiciones de trabajo y reconocía la especificidad profesional. Su desarticulación no solo afecta derechos: incrementa la vulnerabilidad frente a presiones económicas y políticas, y reduce la autonomía necesaria para investigar y publicar.

En ese punto, el problema ya no es solo la falta de justicia. Es algo previo: la dificultad de que la verdad llegue a producirse. Si en Walsh la verdad podía sostenerse incluso sin justicia, hoy lo que aparece en riesgo es la posibilidad misma de sostener esa verdad en condiciones materiales adversas.

Por eso su figura sigue siendo actual. No solo como símbolo, sino como criterio. Porque plantea una exigencia: la verdad como valor irrenunciable. Pero también deja una advertencia implícita: sin condiciones para ejercer el periodismo, esa verdad no desaparece por decreto, pero sí puede ser silenciada, fragmentada o directamente impedida.

En ese cruce —entre ética y condiciones materiales— se juega hoy el sentido del oficio. Y también, como en tiempos de Walsh, la posibilidad de que la verdad exista y, con el tiempo, vuelva a abrir camino a la justicia.