Por Jere Giordano 

En su reaparición pública, luego de las acusaciones por viajes y presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni buscó retomar la iniciativa política con una conferencia de prensa en la que intentó cerrar el tema. Sin embargo, en ese intento por recomponer su imagen, terminó abriendo otra discusión: el destino de los recursos del Estado y el sentido mismo de la defensa nacional.

El anuncio fue claro en términos generales: destinar una parte de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La idea, respaldada por el gobierno de Javier Milei, se inscribe en una narrativa más amplia sobre la “reconstrucción del instrumento militar”. Pero detrás de esa formulación aparece un problema de fondo: ¿qué tipo de Estado se está configurando?

El primer eje de discusión es económico y político a la vez. Financiar defensa con privatizaciones implica convertir patrimonio público —empresas, recursos, activos estratégicos— en recursos líquidos de uso inmediato. Es decir, vender hoy para gastar hoy. No hay en ese esquema una lógica de desarrollo, sino de transferencia: el Estado se desprende de herramientas estructurales para sostener decisiones coyunturales. La defensa, en este caso, no se construye como política sostenida sino como efecto colateral de un proceso de desguace.

Pero hay otra dimensión más urgente: la de las prioridades. En un país atravesado por el deterioro de los ingresos, la precarización laboral y el retroceso en áreas sensibles como salud y educación, la decisión de orientar recursos hacia la compra de armas no es neutra. Supone una definición política sobre qué problemas son urgentes y cuáles pueden esperar. Y en esa jerarquía, lo militar aparece por encima de lo social.

Ahora bien, incluso aceptando la necesidad de discutir la defensa nacional, la pregunta central sigue abierta: ¿defenderse de qué?

Argentina no enfrenta hoy hipótesis de conflicto tradicionales que justifiquen una carrera de armamento. No hay guerras en puerta ni amenazas militares concretas en la región. Entonces, ¿de dónde surge esta insistencia en fortalecer capacidades militares?

Una posibilidad es leerlo en clave internacional. El alineamiento del gobierno con ciertos posicionamientos globales —incluyendo tensiones geopolíticas que involucran a países como Irán— podría empujar a redefinir el rol de Argentina en el tablero mundial. En ese marco, la defensa dejaría de ser una cuestión territorial para transformarse en una pieza de política exterior alineada.

Pero hay otra hipótesis, quizás más inquietante: que el problema no esté afuera sino adentro. En paralelo al discurso sobre defensa, el gobierno viene construyendo una narrativa sobre el “enemigo interno”: organizaciones sociales, sindicatos, militantes, sectores que protestan. En ese contexto, reforzar el aparato militar —aunque formalmente no esté habilitado para intervenir en seguridad interior— puede leerse como parte de un clima político más amplio, donde la conflictividad social es percibida como amenaza.

La historia argentina obliga a ser cautelosos con ese tipo de desplazamientos.

Por eso, más que una discusión técnica sobre partidas presupuestarias o equipamiento, lo que se abrió en aquella conferencia es un debate de fondo: qué Estado se quiere construir, qué prioridades se establecen y, sobre todo, a quién se identifica como amenaza.

Porque definir la defensa es, en última instancia, definir el país.