Luego de casi una década de trámite, la causa conocida como “Niño Rayo” registró un avance clave con el procesamiento del psicólogo infantil Gustavo Marcolli y el pedido de su detención. La medida, dictada en primera instancia tras lineamientos del Superior Tribunal de Justicia, marca un punto de inflexión en un expediente atravesado por demoras, resoluciones adversas y cuestionamientos al funcionamiento judicial.

El caso se inició en 2017 a partir de la denuncia de la madre y, desde entonces, estuvo marcado por un recorrido irregular. Según explicó la abogada querellante Andrea Quincose, se trata de un proceso complejo desde lo probatorio, pero también atravesado por prácticas que —según sostuvo— buscaron desgastar a la denunciante y desviar el eje de la investigación. La querella logró constituirse recién en 2020 y desde entonces impulsó la producción de la mayor parte de las medidas probatorias que sostuvieron el caso.

En ese sentido, la letrada remarcó que durante gran parte del proceso la carga de la investigación recayó casi exclusivamente en la querella, ante una escasa intervención fiscal. Muchas diligencias, señaló, no fueron impulsadas o acompañadas por el Ministerio Público, lo que profundizó las dificultades para avanzar en el expediente.

En 2022, la causa fue cerrada mediante un sobreseimiento que, de acuerdo a Quincose, no valoró el conjunto de las pruebas incorporadas. Esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, lo que dio inicio a una etapa de recursos en la que la querella cuestionó tanto los fundamentos jurídicos como las interpretaciones utilizadas, señalando la presencia de criterios sin sustento científico en el abordaje de casos de infancia.

El expediente también sumó aportes de organismos especializados, como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones sociales. El punto de quiebre llegó con la intervención del Superior Tribunal de Justicia en 2024, que revisó el caso y fijó pautas para reencauzar la investigación.

En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal modificó su posicionamiento y emitió un dictamen que resultó clave para revertir el rumbo del expediente, incorporando argumentos que luego fueron considerados por la justicia para avanzar con el procesamiento.

Tras el rechazo de un recurso extraordinario federal de la defensa, la causa volvió a primera instancia, donde la jueza retomó esos lineamientos y dictó el procesamiento de Marcolli junto con el pedido de detención. Para la querella, la resolución implica un cambio sustancial en el escenario judicial y representa un alivio para la familia tras años de lo que definieron como una “tortura judicial”.

No obstante, anticipan que el proceso continuará con nuevas apelaciones por parte de la defensa, en una dinámica de “ida y vuelta” que ha caracterizado al caso. En ese marco, la estrategia de la querella se orienta ahora a consolidar este avance, sostener las pruebas incorporadas y prepararse para las próximas instancias de revisión.

Quincose señaló que los tiempos del expediente responden más a las lógicas de la administración judicial que a una respuesta oportuna de justicia, especialmente en causas que aún se rigen por el antiguo sistema procesal. Aun así, el escenario actual abre una expectativa concreta: que el cambio de criterio se sostenga y permita, finalmente, arribar a una resolución de fondo tras diez años de litigio.

Entrevista completa: https://youtu.be/Et8xQN-rWTo?si=WbWkUia2PBPoQJX6