El último informe del Índice Barrial de Precios (IBP), elaborado por el ISEPCI Corrientes, volvió a poner en evidencia el deterioro del poder adquisitivo en los hogares. Durante febrero de 2026, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos niños— necesitó $1.131.293,11 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la línea de pobreza. En tanto, para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de la indigencia, requirió $502.796,94.

El relevamiento, realizado en más de 300 comercios de distintas localidades de la provincia —entre ellas Corrientes Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa y Curuzú Cuatiá—, reflejó una suba mensual del 3,40% en ambas canastas. En términos absolutos, la CBT aumentó $37.195,67, mientras que la CBA se incrementó en $16.531,41.

En la comparación interanual, los datos muestran que la CBT tuvo un aumento del 25%, lo que representa $226.254,47 más que en febrero de 2025. Por su parte, la CBA registró una suba aún mayor, del 26,67%, equivalente a $105.849,94.

Al analizar por rubros, el informe señala que la carnicería volvió a ser el sector con mayor presión sobre los precios, con un incremento mensual del 10,84%. Entre los cortes que más subieron se encuentran la carnaza (23,81%), la nalga (16,67%) y el pollo (14,74%), seguidos por el espinazo (11,94%) y el asado (8,70%).

En verdulería, si bien se registró una leve baja general del -0,35%, varios productos mostraron aumentos significativos, como la manzana (11,67%), la lechuga (10%) y la pera (5%). Algo similar ocurrió en el rubro almacén, que tuvo una disminución promedio del -1,27%, pero con subas puntuales en productos como el vino (16,28%), el azúcar (13,64%) y la sal fina (11,11%).

La directora del ISEPCI Corrientes, Silvana Lagraña, sostuvo que “el IBP de febrero da cuenta de una variación anual del 25% en la CBT y del 26,67% en la CBA”, y remarcó que la variación acumulada en lo que va del año alcanza el 6,92%. En ese marco, advirtió que “el alto costo de vida se sostiene en comparación con los bajos ingresos de los hogares”, lo que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.

Según el informe, esta situación impacta directamente en las condiciones de vida de las familias, que se ven obligadas a modificar sus hábitos de consumo, reducir gastos esenciales o endeudarse para llegar a fin de mes. A su vez, se vincula este escenario con problemas estructurales del mercado laboral, como el aumento del desempleo —que alcanzó el 7,5%— y la persistencia de altos niveles de informalidad, que rondan el 43%.

Desde el ISEPCI también cuestionaron las proyecciones oficiales sobre la desaceleración de la inflación, al considerar que “la realidad cotidiana muestra un deterioro creciente en las condiciones económicas y sociales de los hogares”, en un contexto de suba de tarifas, transporte, alquileres y otros servicios básicos.

En la misma línea, el director nacional del ISEPCI, Isaac Rudnik, advirtió que la caída del poder adquisitivo, junto con cierres de comercios y despidos, dificulta cualquier perspectiva de recuperación del consumo en el corto plazo. Según planteó, las políticas económicas actuales profundizan la crisis del mercado interno y agravan las desigualdades sociales.