El presidente Javier Milei avanza con una transformación estructural del mercado laboral argentino que, en boca oficial, sería una “modernización” económica. Sin embargo, sindicatos, jubilados y organizaciones sociales la denuncian como un retroceso profundo, una apuesta que pone en jaque derechos laborales conquistados durante décadas.

Uno de los ejes más polémicos de la reforma es la flexibilización extrema de las jornadas de trabajo. Según distintos borradores y reportes críticos, se propone habilitar jornadas de hasta 12 horas por día, algo que desde diversos actores del movimiento obrero califican como un ataque directo a la calidad de vida del trabajador. 

Otro punto alarmante es el propuesto “banco de horas”: en lugar de pagar horas extras con recargo, las horas extras se acumularían en una cuenta individual para devolverlas cuando a la empresa le convenga, resignificando el tiempo de trabajo como “capital” disponible.

La compensación por despidos también cambia radicalmente: se estudia un fondo de cese laboral que reemplazaría indemnizaciones tradicionales por aportes financieros, lo que, para críticos, significa una privatización encubierta del derecho a una reparación por despido. 

Las modificaciones van más allá: se prevé ampliar los periodos de prueba, redefinir el régimen sindical —dejando en manos de convenios por empresa la capacidad de negociar condiciones que hoy se acuerdan por actividad—, y reducir las multas laborales por trabajo mal registrado.

Frente a estas propuestas, se multiplican las advertencias. Una multisectorial de más de 150 organizaciones, entre gremios y movimientos sociales, se movilizó con firmeza y denunció un “avance sistemático contra la democracia, los derechos laborales y la soberanía económica”

Además, algunos consideran que este paquete no es solo económico, sino también institucional: una desregulación profunda que debilita no solo la protección social, sino también el poder organizado de los trabajadores. Según analistas progresistas, se trata de una apuesta ideológica que busca subordinarlos al criterio empresarial bajo la idea de “libertad” y “competitividad”.

La reforma laborar que impulsa el Gobierno de Milei, entonces, no es solo una reestructuración técnica: es un salto hacia un modelo donde el contrato de trabajo puede reinventarse por conveniencia de las patronales, poniendo en jaque el equilibrio entre capital y trabajo.