El barrio San Ignacio atraviesa una situación crítica marcada por inundaciones recurrentes, falta de obras estructurales y una respuesta estatal que los propios vecinos califican como tardía e insuficiente. 

A ese escenario se sumó en los últimos días un hecho de extrema gravedad: la denuncia penal contra el ex delegado barrial Pedro López por amenazas, luego de una asamblea vecinal en la que se resolvió organizar el reclamo colectivo.

Desde hace tiempo, los habitantes del barrio conviven con problemas de drenaje y anegamientos, pero aseguran que la situación se agravó de manera sostenida. “Lo que antes pasaba con grandes tormentas, hoy ocurre con lluvias leves”, señalaron. 

Apuntan a la falta de cloacas y desagües pluviales, a la composición arenosa del suelo y al impacto de la Autovía RP N°5, que —según denuncian— funciona como una barrera que agrava el estancamiento del agua.

En ese contexto, los vecinos elevaron una nota formal a la Secretaría de Infraestructura provincial exigiendo un plan maestro de cloacas y desagües, la adecuación de las obras existentes y soluciones estructurales que vayan más allá de intervenciones “estéticas”, como ripio o cordón cuneta sin obras de fondo.

La emergencia expuso también las limitaciones de la asistencia. En el CIC del barrio, la ayuda consistió en colchones tirados en el piso y frazadas donadas por los propios vecinos. “Recién están llegando médicos y otros agentes a ver qué fue de la zona inundada”, relataron, mientras la organización barrial pedía incluso piraguas o canoas para poder asistir a más familias aisladas por el agua.

La organización vecinal tomó forma en una asamblea realizada el 23 de diciembre, donde se decidió designar a Mercedes Escalante y María Mollá como representantes oficiales del barrio ante las autoridades, en reemplazo de figuras que no residen en el territorio. Según explicaron, la directora del CIC, Teresa Vignolo, no habita el barrio, lo que profundizó la necesidad de contar con referentes propios.

Tras esa asamblea, se produjo el episodio más grave. Los vecinos denunciaron que el ex delegado Pedro López se presentó en el domicilio de Mercedes Escalante para amedrentar a su familia, incluyendo a una hija menor de edad. La amenaza —según consta en la denuncia— incluyó la frase “no saben con quién se metieron”. Por estos hechos, ya se radicó una denuncia penal en la Comisaría 22.

Desde el barrio sostienen que las amenazas no son nuevas, pero que se intensificaron cuando los vecinos comenzaron a organizarse de manera colectiva. En un comunicado, responsabilizaron a Pedro López, al actual encargado Julio Baltra, al gobierno provincial y a la municipalidad por cualquier daño físico o material que pudiera sufrir la familia denunciante o los referentes vecinales.

Pese a las intimidaciones, la organización del Barrio San Ignacio continúa. Los vecinos ratificaron que seguirán adelante con las presentaciones previstas y con el reclamo por obras estructurales. “No nos van a amedrentar”, repiten, mientras el agua, la precariedad y ahora la judicialización marcan el pulso de un conflicto que dejó de ser solo climático para volverse político y social.