El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un paso más en la dependencia financiera y política de la Argentina. Con este préstamo de 20.000 millones de dólares, la deuda total con el organismo asciende a 65.000 millones, lo que convierte al país en responsable del 32% de la capacidad crediticia total del Fondo.

Este endeudamiento viene acompañado de una fuerte devaluación encubierta: el dólar pasó de 1.098 a 1.230 pesos en solo dos días (del sábado 13 al lunes 14 de abril) , y se espera que alcance los $1.400. Aunque el gobierno la presentó como una “flotación libre”, se trata de un salto cambiario que repite la lógica ya aplicada en diciembre de 2023, cuando se devaluó un 120% y se disparó la inflación al 25% mensual. Desde entonces, ni salarios ni jubilaciones lograron recuperar poder adquisitivo.

Lo más grave es que, el viernes mismo del anuncio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 400 millones de dólares de reservas al tipo de cambio anterior. El lunes, esos mismos dólares valían un 25% más.

Solo un grupo reducido de funcionarios —Milei, Karina Milei, Luís "Toto" Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli— conocía la medida. Esto motivó una denuncia penal por malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada, ya que la operación benefició a privados con acceso anticipado, sin ningún retorno productivo para el país.

Consecuencias sociales y contradicciones

El nuevo acuerdo también impone medidas regresivas que afectan directamente a los sectores medios y trabajadores. El FMI exigió aumentar los impuestos a los monotributistas, argumentando que reciben “beneficios excesivos”. Actualmente, un trabajador autónomo de categoría más baja paga más de 32.000 pesos por mes, y esa suma podría aumentar aún más en los próximos meses.

Además, el gobierno anunció el levantamiento del cepo cambiario, pero en la práctica esto no ocurrió: solo se permite extraer 100 dólares en efectivo por mes, y las operaciones deben hacerse por home banking.

El mismo lunes posterior a la devaluación, solo el 12% de los usuarios que intentaron operar pudo hacerlo. Esto dejó en evidencia una brecha entre el discurso oficial y la realidad concreta, que genera incertidumbre y refuerza la desconfianza en el sistema financiero.

La entrega de Vaca Muerta: el precio oculto del acuerdo

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el que no fue anunciado oficialmente. Según trascendió, el visto bueno de Estados Unidos —principal socio del FMI y único con poder de veto— estuvo condicionado a que parte de la explotación de Vaca Muerta pase a manos de capitales norteamericanos.

Esta exigencia, atribuida al entorno del presidente, Donald Trump, representa un hecho gravísimo: la entrega de uno de los recursos naturales más valiosos del país como parte del canje por deuda.

De concretarse, este punto implicaría una pérdida directa de soberanía energética, que se suma a los ya conocidos efectos del ajuste y la financiarización: aumento de precios, caída del poder adquisitivo, recesión y concentración de la riqueza.

Este acuerdo con el FMI no es simplemente un préstamo: es una estrategia para sostener un modelo económico basado en el endeudamiento, la transferencia de ingresos y la entrega de recursos. Mientras unos pocos se benefician, la mayoría sufre. Nada nuevo bajo el sol para el pueblo trabajador argentino, más penurias; y para los recursos naturales, más saqueo.