Por Jeremias Giordano

La eventual prisión de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de cualquier simpatía o rechazo hacia su figura, no puede ser leída como un episodio estrictamente jurídico. Tampoco es simplemente el cierre de una etapa política. Su condena es un síntoma profundo de degradación institucional: un avance más del poder real sobre los márgenes ya debilitados de la democracia. Y tiene un beneficiario claro: Héctor Magnetto.

Cristina fue absuelta de la acusación de asociación ilícita. No se demostró que diera órdenes para beneficiar a Báez ni que se haya enriquecido personalmente. Sin embargo, fue condenada por “administración fraudulenta agravada”, bajo la figura de responsabilidad por omisión. Se la castiga no por lo que hizo, sino por lo que supuestamente debería haber sabido. Una figura jurídica débil, pero funcional a un relato mediático que lleva más de una década construyéndose desde el Grupo Clarín.

Este tipo de condena no busca justicia: busca escarmentar. Envía un mensaje al sistema político: quien se atreva a desafiar al poder económico-mediático puede terminar preso, incluso sin pruebas. Se condena una figura política con enorme representación democrática porque, alguna vez, se atrevió a enfrentarse con el núcleo del poder real en Argentina.

Ese poder tiene nombre y apellido. Héctor Magnetto, CEO de Clarín, es el rostro visible de una estructura de medios que no informa: modela. Que no debate: impone. Que no representa la pluralidad del periodismo, sino los intereses empresariales detrás de la pauta y los despachos.

No es el periodismo el que ataca la democracia, como denuncian con cinismo los libertarios. Son los dueños de los medios quienes promueven un discurso único, violento, hecho a medida de sus negocios. La concentración mediática funciona como un dispositivo de disciplinamiento ideológico: condiciona la forma de pensar, cancela voces disidentes y convierte al sistema judicial en una oficina de recursos humanos del poder económico.

La condena a Cristina debe leerse también en clave regional. Álvaro García Linera advirtió que el error de los progresismos latinoamericanos fue no transformar la estructura económica. El poder real no fue desarmado. Solo fue contenido. Mientras se ampliaban derechos, los bancos, los grandes medios, los jueces y los empresarios esperaban. Y cuando el progresismo dejó de confrontar, ellos volvieron. En Argentina, el giro comenzó con Alberto Fernández y se profundizó con Sergio Massa. La derrota de 2023 es también consecuencia de ese repliegue.

Por eso Cristina no debe ir presa. No por impunidad, sino porque su condena es ilegítima, arbitraria y peligrosa. No es ella la amenaza para la democracia: lo es el dispositivo que la acusa, la juzga y la busca eliminar de la escena pública.

El problema no es si Cristina va a la cárcel. El problema es que si ella, con su peso político y social, puede ser condenada sin pruebas fehacientes, entonces cualquier dirigente que enfrente al poder económico puede correr la misma suerte. Ese es el verdadero límite que está en juego.

Lo que Magnetto busca no es justicia: es orden. Un orden basado en el libre mercado, los algoritmos y el disciplinamiento judicial. Un orden sin política. Porque la política —cuando es real, popular, conflictiva— todavía puede tocar intereses. Y eso es, para ellos, intolerable.

La pregunta que queda abierta no es si Cristina es culpable o inocente. La pregunta real, urgente, de fondo, es otra: ¿puede la política seguir siendo un campo legítimo de disputa? ¿O estamos siendo empujados hacia una democracia domesticada, donde el único poder válido es el que no se elige, no se critica y no se puede tocar?