Darío Edgardo Gómez, titular del Comité contra la Tortura del Chaco, brindó una actualización crítica sobre la detención de Daniel Rubén Vega, un jubilado universitario de Resistencia. El arresto ocurrió el 4 de julio, un día antes de que el presidente Javier Milei visitara la provincia en el marco de la inauguración del templo “Portal del Cielo”, el 5 de julio. 

Aunque originalmente se habló de “publicaciones críticas” en redes sociales, se señala que la detención apareció bajo la acusación de “amenazar a Milei”. Sin embargo, desde el Comité insistieron en que, hasta entonces, no había notificación formal de la causa ni asistencia legal para Vega.

Las condiciones de encierro siguen siendo alarmantes. Después de ser trasladado a la Comisaría de Personas, fue alojado en una oficina administrativa sin baño ni cama, en un espacio pequeño y sin las condiciones mínimas para una persona de edad y con problemas de salud, según indicó Gómez. Esto motivó la presentación de un hábeas corpus por trato inhumano, aunque fuentes oficiosas dijeron que fue desestimado como “abstracto” tras una audiencia informativa —sin resolver el núcleo del reclamo: la dignidad y condiciones de detención.

El Comité confirmó que al momento de la presentación, Vega no conocía los cargos, no tenía acceso a abogado y las autoridades federales no habían justificado el procedimiento. Solo en una audiencia virtual —después de su arresto y de la llegada de Milei— se le notificó formalmente que la causa se encontraba en etapa de “averiguación de delito”. Se espera una resolución judicial que determine si continuará detenido en Resistencia, será liberado o trasladado a Buenos Aires.

Gómez advirtió que el arresto se produjo en un contexto de visita provincial por parte del presidente, insinuando un sesgo político en el uso del aparato represivo. “Hay una vara muy desigual”, recalcó, en alusión a que las supuestas amenazas de Vega eran menos “explosivas” que el discurso del propio Milei .

Por último, el Comité anunció que mantendrá el seguimiento del caso y está preparado para presentar nuevas acciones ante cualquier vulneración adicional de derechos.