Un nuevo proyecto del oficialismo puso en alerta a organizaciones que acompañan a víctimas de abuso sexual infantil y violencia de género. Se trata de la iniciativa 11.186/23, que propone penas de entre 3 y 6 años de prisión para quienes realicen denuncias que no concluyan en una condena judicial. La medida es vista por numerosas organizaciones como un intento de criminalizar a madres protectoras y sobrevivientes, y como un mensaje claro para desalentar futuras denuncias.

La presentación formal se realizó el viernes 4 de julio en el Congreso de la Nación. La diputada Lilia Lemoine —autora del proyecto— encabezó el acto junto a la senadora Carolina Losada y distintos referentes de agrupaciones como la Fundación Morelli, La Púrpura y AFAMI. Durante el evento, se afirmó que las “denuncias falsas no solo son un problema legal, sino una forma de daño que debe ser penalizada con seriedad”.

Desde las organizaciones nucleadas en Yo Sí Te Creo, sin embargo, denuncian que esta propuesta parte de una premisa falsa y peligrosa: “El 95% de las denuncias por abuso son reales. Usar el margen mínimo de casos infundados como excusa para criminalizar a quienes denuncian es una estrategia de disciplinamiento judicial y político”, advirtieron. Recordaron también que muchas causas, aun con pruebas y testimonios consistentes, no avanzan por fallas estructurales del sistema judicial, lo que no implica que la denuncia haya sido falsa.

Especialistas también subrayan que la figura legal para sancionar a quienes mientan deliberadamente en una denuncia ya existe en el Código Penal argentino: el delito contra el honor o la dignidad. Por eso consideran que este nuevo proyecto tiene un fin más simbólico y persecutorio que jurídico. “No se trata de justicia, se trata de miedo”, afirman.

Uno de los elementos más preocupantes señalados por los colectivos es el uso persistente del falso síndrome de alienación parental (SAP), un concepto sin aval científico que en muchas causas judiciales se utiliza para deslegitimar la palabra de niños y niñas sobrevivientes, y responsabilizar a las madres por supuesta “manipulación”. “Esto ya fue denunciado incluso por organismos internacionales. Se usa para justificar revinculaciones forzadas con progenitores denunciados por abuso”, explicaron.

A esto se suma la designación de una Defensora de Niños vinculada a sectores que acompañan a denunciados por abuso, lo que para las organizaciones completa un cuadro de retroceso institucional alarmante.

Mientras tanto, los datos sobre violencia de género en Argentina no dejan de crecer. Según el último informe de la Casa del Encuentro, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 127 víctimas de violencia de género: 118 femicidios, 1 homicidio y 8 femicidios vinculados a varones adultos. El 60% de los agresores eran parejas o exparejas. Veinte víctimas habían hecho la denuncia previa, ocho femicidas tenían medidas cautelares y once pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

“Estos son los números que la gestión nacional omite —advierten desde los colectivos— mientras impulsa leyes que blindan a los agresores y criminalizan a quienes buscan justicia. Por eso, más que nunca, tenemos que estar alertas, unidas y organizadas.”