El mapa legislativo volvió a ordenarse. Después de un año atravesado por campañas y tensiones provinciales, los representantes correntinos (UCR y Camau) en el Congreso retomaron una línea clara: acompañar las principales iniciativas del gobierno de Javier Milei.

En la Cámara de Diputados, la votación de la reforma laboral y de la baja de la edad de imputabilidad dejó nombres propios: 

Por Corrientes, Lisandro Almirón, María Virginia Gallardo y José Federico Tournier, de La Libertad Avanza, votaron a favor en ambos casos. También acompañó Diogénes Ignacio González, de la Unión Cívica Radical. En la vereda opuesta se ubicaron Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Alejandro Zulli, de Unión por la Patria, quienes rechazaron tanto la reforma laboral como la baja de imputabilidad.

El resultado fue claro: cuatro votos correntinos a favor de las iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional y tres en contra. En términos políticos, la mayoría provincial en Diputados se alineó con la Casa Rosada.

En el Senado, el respaldo es aún más compacto. Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, ambos de la Unión Cívica Radical, votaron a favor de la reforma laboral y anticipan la misma posición para la baja de imputabilidad y la modificación de la Ley de Glaciares. A ellos se suma Carlos Mauricio “Camau” Espínola, del bloque Provincias Unidas, quien también acompañó la reforma laboral y se encamina a votar afirmativamente en los otros dos proyectos.

El caso de Carlos Mauricio Espínola sintetiza el movimiento político más profundo. Exreferente del peronismo correntino, hoy integra el grupo de legisladores que el oficialismo nacional denomina “dialoguistas”: dirigentes que, sin pertenecer formalmente a La Libertad Avanza, garantizan gobernabilidad al Ejecutivo.

A pesar de las tensiones que el año pasado marcaron la relación entre la UCR correntina que conduce Gustavo Valdés y la administración libertaria, el escenario poslectoral muestra otra postal. Superada la disputa electoral, los legisladores radicales volvieron a alinearse sin fisuras con el oficialismo nacional, aportando votos clave para que el Ejecutivo avance con su agenda. Las diferencias públicas que dominaron el discurso durante la campaña quedaron, en la práctica parlamentaria, relegadas frente a la necesidad de garantizar gobernabilidad y sostener acuerdos políticos.

Las tres iniciativas en discusión no son menores. La reforma laboral impacta en indemnizaciones, negociación colectiva y modalidades de contratación. La baja de la edad de imputabilidad redefine el abordaje penal sobre adolescentes de 14 y 15 años. Y la modificación de la Ley de Glaciares revisa el alcance de la protección ambiental en zonas estratégicas frente a actividades extractivas.

Para amplios sectores sindicales, sociales y ambientales, se trata de un retroceso en derechos conquistados tras décadas de organización y debate democrático. Para el oficialismo y sus aliados parlamentarios, son cambios necesarios para reordenar la economía y el sistema institucional.

Lo cierto es que, superado el ciclo electoral, Corrientes volvió a convertirse en un engranaje confiable dentro de la arquitectura legislativa que sostiene al gobierno nacional. En cada votación clave, sus representantes aportan números decisivos para una agenda que redefine el mapa de derechos en la Argentina.