En el año en que se cumplen cinco décadas del Golpe de Estado de 1976, avanza en la Universidad Nacional del Nordeste el trabajo de identificación de los legajos de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, a fin de rectificar dichos documentos agregando la leyenda “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”, para entregar luego a las familias. 

La comisión conformada para tal efecto tuvo su primer encuentro días atrás, en el salón de Consejo Superior del Rectorado de la UNNE, en Corrientes; y puso en marcha el plan de acción definido en diciembre pasado, para concretar esta medida restaurativa solicitada por la Fiscalía General de Chaco y Corrientes, y a la que se sumó la UNNE por disposición del rector, Omar Larroza. 

La Resolución Nº 1448/2025 dispuso la rectificación y entrega -en un acto público- de los Legajos de Estudiantes, Docentes y No Docentes que vieron interrumpida su trayectoria académica por la violencia estatal ejercida en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional, desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando se recupera la democracia.

También las y los responsables de cada Unidad Académica designadas/os para tal fin, quienes tendrán la tarea de recopilar y sistematizar los legajos de las personas detenidas-desaparecidas o damnificadas en su ejercicio laboral o estudiantil en la Universidad Nacional del Nordeste, en el periodo comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

Una vez rectificados los legajos, y tal como dispone la Resolución Nº 1448/2025, se entregará, en acto público con fecha y lugar a determinar, una copia de este reconocimiento institucional a las personas damnificadas o familiares.

Para ello se articulará el trabajo con espacios de memoria y organismos de DD HH del Nordeste, en vista a la realización de probablemente dos actos públicos de restitución de legajos en fechas emblemáticas como el 24 de marzo y el 10 de diciembre de 2026, año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado.

Con esta medida se busca “visibilizar las situaciones lesivas sufridas por personas vinculadas de modo laboral o estudiantil con la Universidad de Nacional del Nordeste; brindar un reconocimiento a las personas desaparecidas o que hayan sufrido la interrupción de su vínculo con la Universidad y contribuir a la formación de un patrimonio cultural-institucional común en relación con los DDHH, para las generaciones futuras”, según reza el texto de la resolución.

Más de 170

Actualmente el listado de víctimas desaparecidas y sobrevivientes supera el número de 170 abarcando estudiantes, profesores e incluso no docentes de todas las Facultades. El mismo fue confeccionado en base a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, llevados adelante en los tribunales federales de la región entre los años 2004 y 2024.

En los juicios orales y las sentencias respectivas se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la UNNE fueron detenidos ilegalmente, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, incluso en muchos casos fueron asesinados y se encuentran desaparecidos.

Estuvieron secuestrados en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada «Casita de Mártires» de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía de cada lugar y las unidades penales federales N°7 y  N°10.

El número incluso podría ampliarse a partir de nuevos relevamientos de las causas judiciales, legajos CONADEP y decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Así, UNNE avanza con el compromiso asumido teniendo en cuenta que “las instituciones universitarias no pueden situarse de modo ajeno a estos procesos, toda vez que, y de acuerdo al Acuerdo Plenario 1169/22 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) entre sus funciones está la de “asumir una perspectiva de Derechos Humanos en la formación de las futuras generaciones… y poner a disposición un patrimonio cultural comunitario comprometido con la igualdad, la justicia, la no discriminación y la solidaridad”.