Un análisis de Nueva Mirada

“Páguenle a mis terapeutas, por favor”, dijo Tiziano, un niño autista, frente a un micrófono en una movilización que expuso de manera cruda lo que el gobierno de Javier Milei intenta invisibilizar: que el recorte en discapacidad no es solo una línea más del ajuste, sino un ataque frontal a los sectores más vulnerables.

El pasado 29 de mayo, prestadores, personas con discapacidad, familias, transportistas y centros de día marcharon al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que finalmente obtuvo media sanción en Diputados el 4 de junio, el mismo día en que una nueva movilización volvió a llenar la Plaza Congreso. 

Ese mismo miércoles, la protesta también tuvo su réplica en Corrientes: la marcha “Una Luz por la Discapacidad” unió el Puente hasta la Virgen Milagrosa del Parque Camba Cuá, con familiares, prestadores, personas con discapacidad y autoconvocados exigiendo lo mismo: que el Estado no se retire.

“Estamos marchando por los derechos de las personas con discapacidad, que están siendo tratados como si no los tuvieran”, expresó una manifestante en Corrientes. “Tenemos miedo de perder las prestaciones, de no poder llevar a nuestros hijos a sus centros, de que no puedan estudiar, trabajar, ni siquiera salir a la calle.”

La situación es grave. Los valores del nomenclador nacional —que regula los montos que el Estado paga por las prestaciones— no se actualizan desde diciembre de 2024. Hoy, cada sesión se paga apenas $12.370, mientras la inflación ya duplicó esa cifra. Los centros de atención, muchos de ellos comedores también, no logran sostenerse. El atraso llega al 70%, según la Unión de Prestadores por la Discapacidad (UPA).

“Nosotros damos de comer tres veces al día a los chicos”, contó Claudia Maestre, titular de una institución educativa, “pero ya no alcanza. El gobierno nos está empujando al cierre”.

La emergencia también golpea los hospitales nacionales. En el Hospital Garrahan, más de 200 profesionales renunciaron en los últimos meses, y esta semana se sumaron al paro que ya llevaban adelante residentes. Denunciaron abandono de pacientes, sueldos de miseria y recortes sin precedentes. Lo mismo que ocurrió en el Borda, el Bonaparte y hospitales oncológicos clave.

Pero la cara más cruel del ajuste no está solo en el retraso presupuestario, sino en la política deliberada de exclusión. Desde marzo, el gobierno impuso la retramitación obligatoria del Certificado Médico Oficial (CMO) para mantener la pensión por discapacidad. Esto provocó filas interminables frente a sanatorios privados, incluso bajo lluvia, como ocurrió en Resistencia, Chaco, donde cientos de personas esperaban desde la madrugada.

Más de 200.000 pensiones por discapacidad fueron dadas de baja en esa primera instancia. Desde el gobierno se argumenta que hubo "irregularidades" y ausencias en las citaciones. Pero la realidad es otra: quienes perdieron el beneficio muchas veces no pueden pagar un médico privado ni viajar a otra ciudad para renovar el trámite. Y si pueden, deben elegir entre comer o pagar el traslado.

La respuesta del oficialismo ante este drama fue de una brutalidad burocrática. Según relató Marlene Espeso, madre del joven influencer Ian, la directora de la Agencia Nacional de Discapacidad, María Fernanda Spagnolo, le dijo en una reunión que tener un hijo con discapacidad era un problema de la familia, no del Estado.

“¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí?”, preguntó la funcionaria. Una comparación cínica, que ignora la desigualdad estructural y el rol del Estado como garante de derechos.

Frente a este contexto, la calle se convirtió en el principal escenario de resistencia. Así lo expresaron también las voces que se escucharon en la marcha del 4 de junio en Corrientes:

“Necesitamos que se declare la emergencia en discapacidad. No es solo una cuestión de prestadores. Acá se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Si el prestador no puede pagar la luz, el alquiler, la obra social, la institución cierra. Y si no hay institución, no hay atención. El Estado está llevando a que quien pueda pagar, acceda. Y el que no, que se quede en su casa”, gritó una de las oradoras.

El ajuste en discapacidad es parte de una lógica más amplia de recorte, pero expone con particular crudeza la insensibilidad del gobierno de Milei, que no solo decide ajustar sobre quienes menos tienen, sino que además lo hace de forma deshumanizante, quitando derechos básicos a quienes más necesitan apoyo del Estado.

La media sanción de la Ley de Emergencia representa una victoria parcial, pero contundente. La norma plantea sostener el sistema hasta fines de 2027, con actualización de nomencladores, pago a tiempo, cobertura nacional garantizada y reconocimiento del rol de las instituciones. Pero el gobierno ya anticipó su rechazo.

En nombre del equilibrio fiscal, el ajuste sigue golpeando de forma cruel e inhumana a quienes menos pueden defenderse. Pero las calles responden con organización y dignidad, desde Buenos Aires hasta Corrientes, desde el Garrahan hasta el Galeno de Resistencia. Y si algo quedó claro esta semana, es que no van a poder silenciar este reclamo.