Si bien los niveles de desempleo bajaron en los últimos años, lo que creció a la par es la precariedad laboral y la baja remuneración de los puestos de empleo creados. Así lo demuestra un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA).

Según el relevamiento, solo el 40,3% de la población económica activa (mayores de 18 años) pudo acceder a un empleo pleno de derechos. Es decir, en el marco de un Convenio Colectivo de Trabajo, con paritarias, aportes jubilatorios y obra social.

Mientas, que el 8,7% de esa población se encuentra abiertamente desempleada y el 23 tiene un sub empleo inestable; es decir, se encuentra realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación.

Asimismo, el 28% cuenta con un empleo regular pero precario. Es decir, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin aportes al sistema de seguridad social.

Por su parte, el 29,8% de las y los trabajadores ocupados viven en hogares en situación de pobreza.

De acuerdo al informe de la UCA, "en 2022, el 49,8% del total de los ocupados carecía de aportes al Sistema de Seguridad Social. Los empleadores no le realizaban los aportes jubilatorios al 36,9% de los asalariados y el 69% de los trabajadores por cuenta propia no realizaban el pago de sus aportes jubilatorios".

En el caso de las y los trabajadores que concluyeron con sus estudios secundarios, el 49,3% es pobre; mientras que el porcentaje cae a 19,5% entre aquellos que sí culminaron con ese nivel de instrucción.

De igual forma, el 13,4% de los trabajadores que viven sin niños es pobre. Pero ese número crece ostensiblemente al 46,7% en aquellos hogares de trabajadores que tienen menores a cargo. En estos casos, la Asignación Universal y Familiar por Hijo tiene una incidencia importante para disminuir la pobreza entre las personas con un empleo.