JUSTICIA

Caso Loan: el deber de la justicia, más allá del pedido de silencio familiar

La familia de Loan emitió un comunicado pidiendo que no se hagan especulaciones, pero también recordando que su hijo aún no aparece. El deber de la justicia sigue siendo buscarlo con todos los recursos.

Fotos @jere.giordano

Un análisis de Nueva Mirada

A casi un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el caso continúa en un preocupante estado de incertidumbre. En los últimos días, sus padres emitieron un documento público pidiendo que el rostro de su hijo no sea borrado de la memoria colectiva. 

En su pedido también solicitaron que no se realicen especulaciones públicas sobre el caso y que se respete su dolor. Pero en medio del legítimo reclamo por respeto y cautela, emerge una urgencia que no puede ser ignorada: la justicia todavía no encontró a Loan y tampoco ha brindado una hipótesis clara del hecho.

La prudencia en un caso tan sensible es comprensible. Sin embargo, el silencio o la pasividad no pueden ser excusa para la inacción. La justicia no solo debe concluir su tarea; debe redoblarla. Buscar a Loan implica no cerrar ninguna posibilidad, seguir todas las líneas de investigación con seriedad y compromiso, y actuar con transparencia ante una sociedad que no olvida.

La falta de una hipótesis oficial clara es uno de los aspectos más alarmantes. En un caso de esta magnitud, la ausencia de un rumbo definido por parte del Poder Judicial genera desconfianza, alimenta el dolor familiar y abre paso, justamente, a las mismas especulaciones que la familia intenta evitar. ¿Cómo se explica que, tras casi un año, no haya certezas básicas sobre lo sucedido? ¿Por qué aún se percibe una tendencia a cerrar caminos antes de explorarlos?

En esa misma línea, recientemente la defensa de Nicolás “El Americano” Soria solicitó la nulidad del cierre de la instrucción y la recusación de la jueza Cristina Pozzer Penzo, por presuntas omisiones graves. Entre ellas, destacan no haber considerado declaraciones clave como las de José Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini, ambos involucrados en el traslado de Laudelina Peña. Este tipo de falencias refuerzan la necesidad urgente de que el proceso judicial sea más riguroso, transparente y abierto a todas las pruebas relevantes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó recientemente los procesamientos y las prisiones preventivas de siete imputados: Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel y Mónica Millapi. La situación judicial de Maciel fue modificada: ahora es considerado partícipe necesario en la sustracción de Loan, lo cual agrava su rol en los hechos. A su vez, algunos cargos, como los de amenazas contra Maciel y Caillava, fueron revocados por falta de fundamentos.

Por otro lado, un hecho poco esclarecido y de alto impacto fue el traslado de Laudelina Peña a Corrientes capital para que realizara una declaración que instaló la versión del accidente con una camioneta. Según la defensa de uno de los imputados, esa declaración habría sido inducida. Entre quienes participaron de ese traslado están el senador provincial Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi, ambos vinculados políticamente al gobernador Gustavo Valdés.

Este episodio no puede desvincularse de la publicación que Valdés realizó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) el mismo día en que se conoció la declaración de Laudelina, donde el mandatario aseguró que el caso estaba resuelto como un accidente. Aquella afirmación, apresurada y sin respaldo judicial firme, demuestra el nivel de intromisión política en un expediente que debería haber sido tratado con extremo cuidado.

Actualmente, los nuevos abogados de la familia son Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara, quienes asumieron la representación legal tras la renuncia de la anterior defensa. Con este cambio, se espera un impulso renovado para que el proceso continúe con firmeza y se retome la búsqueda activa del niño.

En definitiva, respetar el dolor de la familia no implica guardar silencio ante la inacción. Es deber de la justicia —y de la sociedad— mantener viva la búsqueda de Loan y garantizar que todas las preguntas tengan respuesta.

Eso incluye seguir todas las líneas posibles, revisar todo lo actuado, y garantizar que ningún interés político o institucional se interponga en el camino hacia la verdad. Porque Loan sigue desaparecido. Y mientras eso no cambie, nada puede darse por cerrado.

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