La desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años oriundo de Fontana, Chaco, se convirtió en uno de los casos más sensibles de la región en las últimas semanas. Lo que comenzó como una búsqueda por averiguación de paradero derivó rápidamente en una causa atravesada por denuncias de violencia institucional, sospechas de encubrimiento y fuertes críticas hacia el accionar de la Policía del Chaco y de sectores de la investigación judicial.

Axel fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo. Según reconstrucciones incorporadas a la causa, habría sido perseguido por un patrullero de la Comisaría Segunda de Fontana en las horas previas a su desaparición. Desde entonces, familiares, organismos de derechos humanos y abogados querellantes sostienen que existen elementos suficientes para investigar una posible desaparición forzada.

Las sospechas sobre la fuerza policial comenzaron a crecer a partir de distintos testimonios que indicaron que Axel habría estado dentro de la comisaría aquella noche. Personas detenidas en el lugar aseguraron haber escuchado gritos, golpes y situaciones de violencia. Aunque esos relatos aún deben ser corroborados judicialmente, fueron determinantes para que la investigación cambiara de escala institucional y quedara bajo observación pública.

La madre del joven, en declaraciones difundidas por medios locales y organismos de derechos humanos, responsabilizó directamente a la Policía del Chaco y denunció antecedentes de apremios ilegales y torturas dentro de esa dependencia. “No voy a parar hasta encontrar a mi hijo”, expresó en medio de movilizaciones y reclamos que se multiplicaron en Resistencia y otras localidades chaqueñas.

En paralelo, la propia Policía provincial decidió intervenir la Comisaría Segunda de Fontana y apartar a efectivos que estuvieron de guardia durante la madrugada de la desaparición. Sin embargo, hasta el momento no hay policías detenidos ni imputados formalmente en la causa.

Uno de los puntos más cuestionados en los últimos días fue el giro que tomó la investigación. Mientras las sospechas iniciales apuntaban a integrantes de la fuerza de seguridad, la fiscalía avanzó con detenciones y allanamientos sobre personas del entorno de Axel. La querella criticó duramente esa orientación y planteó que existe un intento de desplazar el foco de atención sobre la responsabilidad policial.

También generó controversia la aparición tardía de pertenencias del joven en zonas que ya habían sido rastrilladas anteriormente. Para los abogados de la familia y organismos que siguen el caso, esas situaciones alimentan dudas sobre la preservación de pruebas y la transparencia de la investigación.

En ese contexto, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reclamó que la Policía provincial sea apartada completamente de las tareas investigativas y pidió la intervención de fuerzas federales para garantizar independencia. Días después, el organismo se presentó formalmente como querellante en la causa, argumentando la gravedad institucional del caso y la necesidad de resguardar los derechos de la familia de Axel.

La desaparición del joven volvió a poner en debate en Chaco las denuncias históricas por violencia institucional y las dificultades para investigar a las propias fuerzas de seguridad cuando aparecen bajo sospecha. Mientras continúan los rastrillajes y las medidas judiciales, la principal pregunta sigue sin respuesta: dónde está Axel González.