La Unidad Penal N°10 presenta la situación más alarmante: casi 9 fallecimientos cada 100 personas detenidas.

Durante los últimos tres años, al menos 16 personas privadas de su libertad murieron en cárceles y comisarías de Corrientes por abandono estatal en materia de salud. Así lo revela un informe elaborado por la Red Corrientes de Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA (OCSo-NEA), que advierte sobre un agravamiento estructural de las condiciones de detención y una crisis profunda en el acceso a la atención médica dentro de los lugares de encierro.

El relevamiento, que abarca el período comprendido entre mayo de 2023 y mayo de 2026, contabiliza un total de 32 muertes bajo custodia del aparato represivo estatal en la provincia. La mitad de esos casos corresponden a lo que las organizaciones denominan “muertes por abandono”: fallecimientos producidos por enfermedades o afecciones que podrían haber sido tratadas con atención médica adecuada y oportuna.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y mental de las personas bajo su custodia. La privación de libertad no puede implicar la pérdida del derecho a la salud ni de la dignidad humana”, sostienen los organismos en el documento.

Según el informe, el 69% de las muertes por abandono ocurrieron en cárceles provinciales. Las unidades penales más comprometidas son la Unidad Penal N°1 y la Unidad Penal N°10. Aunque la UP N°1 registra más casos en términos absolutos, el dato más grave surge al comparar la cantidad de fallecimientos con la población alojada en cada establecimiento.

En la UP N°1 se registraron cinco muertes sobre una población aproximada de 950 personas detenidas, lo que representa una tasa de 0,52 fallecimientos cada 100 internos. En cambio, en la UP N°10 ocurrieron cuatro muertes sobre una población cercana a 45 personas, lo que arroja una tasa de 8,88 muertes cada 100 detenidos.

“El resultado es alarmante: la proyección arroja 9 de cada 100 personas que han muerto por abandono en la UP N°10”, señala el informe.

Las organizaciones vinculan esta situación con múltiples factores: hacinamiento, sobrepoblación carcelaria, falta de médicos, escasez de insumos, deficiente articulación con el sistema de salud pública y condiciones materiales degradantes dentro de las unidades penales. También apuntan al endurecimiento del sistema penal en los últimos años, a partir de reformas vinculadas a flagrancia, narcomenudeo y reiterancia, que incrementaron el número de personas encarceladas.

A esto se suma, remarcan, el deterioro presupuestario de la salud pública y la ausencia de políticas integrales frente a problemáticas de salud mental y consumos problemáticos. “La respuesta institucional suele ser meramente represiva y no sanitaria”, advierten.

El informe sostiene además que las muertes por abandono no son hechos aislados ni excepcionales, sino parte de un fenómeno estructural. Para demostrarlo, compara la situación actual con un relevamiento anterior realizado para el período 2008-2018. En aquella década se habían documentado nueve muertes por abandono en contextos de encierro. Entre 2023 y 2026, en apenas tres años, la cifra ascendió a 16 casos.

El promedio anual pasó de 0,9 muertes por año a 5,33, lo que representa un incremento del 492%. En términos absolutos, el salto de nueve a dieciséis casos implica un aumento del 77,7%.

Aunque el estudio reconoce limitaciones por la falta de estadísticas oficiales actualizadas y vacíos de información institucional, concluye que existe un deterioro sostenido de las condiciones de detención y de los mecanismos estatales de protección de derechos humanos básicos en Corrientes.

Entre los instrumentos legales que el informe cita para respaldar las obligaciones estatales figuran las Reglas Mandela de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Salud Mental, todas normativas que establecen que las personas privadas de libertad deben recibir el mismo estándar de atención sanitaria que el resto de la población.