El reciente Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por el gobierno de Javier Milei, ha generado una fuerte controversia en Argentina. Diversos sectores, especialmente organismos de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), han expresado su preocupación por lo que consideran un retorno a prácticas de vigilancia y persecución política.

El PIN es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia Nacional. Aunque su contenido completo no ha sido divulgado oficialmente, filtraciones periodísticas indican que incluye directrices para monitorear a periodistas, economistas, activistas y ciudadanos que puedan "erosionar" la confianza pública en el gobierno o "manipular" la opinión pública.

Además, se señala que el PIN pone especial énfasis en controlar el "relato" y la "batalla cultural", lo que podría traducirse en una vigilancia sobre expresiones críticas al gobierno.

La respuesta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos

La LADH ha denunciado públicamente el PIN como una herramienta de persecución política. En sus comunicados, la organización sostiene que el plan representa un abuso del aparato de inteligencia estatal para vigilar y reprimir a opositores y críticos del gobierno. Además, señalan que mientras se recortan derechos en áreas como salud, educación y cultura, se incrementan los fondos destinados a la vigilancia y represión.

Ejes metodológicos del PIN que lo vuelven peligroso

Secreto y opacidad: El plan está clasificado como secreto, sin control público.

Ambigüedad en las amenazas: Se apunta a quienes "erosionen" al gobierno, sin definición clara.

Control ideológico: Foco en “relato” y “batalla cultural”.

Más fondos, menos controles: Aumenta el presupuesto para inteligencia sin transparencia.

Falta de control democrático: La SIDE responde a asesores sin cargo oficial.

La metodología y el enfoque del nuevo PIN hacen temer un uso del aparato estatal para perseguir opositores y disciplinar a quienes disientan. En un contexto de ajuste económico y creciente protesta social, el refuerzo de la inteligencia sin controles democráticos representa una seria amenaza a las libertades públicas.