La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) no abonó con los salarios de enero el aumento salarial otorgado por el gobierno nacional a la docencia universitaria, una situación que generó fuerte malestar entre trabajadores y trabajadoras del sector. 

La denuncia fue realizada por la Agrupación Docente Multicolor, que señaló que otras universidades nacionales sí liquidaron el incremento correspondiente.

El aumento en cuestión fue dispuesto de manera unilateral por el Poder Ejecutivo e incluye un 2% retroactivo a diciembre de 2024, además de un bono de 50 mil pesos para docentes con dedicación exclusiva y un monto proporcional para el resto de las dedicaciones. 

Aunque el incremento resulta ampliamente insuficiente frente a la pérdida acumulada del salario real, su no liquidación agrava aún más el deterioro del ingreso docente.

Desde la agrupación remarcaron que la docencia universitaria arrastra una pérdida salarial cercana al 50% desde diciembre de 2023, producto de la inflación y la falta de paritarias. En ese contexto, la demora en el pago del aumento representa un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y trabajadoras que, en muchos casos, ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

La situación se inscribe en un escenario crítico para las universidades públicas, atravesadas por recortes en investigación, infraestructura, becas y salarios. La falta de financiamiento sostenido pone en riesgo no solo las condiciones laborales, sino también el normal funcionamiento del sistema universitario.

Ante este panorama, distintas federaciones nacionales docentes advirtieron que no están garantizadas las condiciones para un inicio normal del ciclo lectivo si no hay una mejora sustancial en los salarios y en el presupuesto destinado a las universidades. El conflicto amenaza con profundizarse en las próximas semanas.

Desde la Agrupación Docente Multicolor exigieron a las autoridades de la UNNE la inmediata liquidación de los aumentos adeudados y reclamaron al gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras del Congreso.

“El incumplimiento de esta ley constituye un acto abiertamente antidemocrático”, señalaron, y advirtieron que la falta de respuestas profundiza el ajuste sobre la educación pública y sus trabajadores