En un contexto donde el costo de vida se encarece día tras día —con alimentos, servicios y transporte subiendo a ritmo sostenido— las respuestas de las autoridades políticas provinciales y municipales sobre los salarios de los trabajadores estatales y municipales muestran una marcada falta de perspectiva social. 

La ausencia de un anuncio claro de recomposición salarial para 2026 no solo profundiza una brecha con la inflación real, sino que pone en evidencia una visión administrativa que prioriza balances y mejoras de infraestructura por encima de la subsistencia digna de los propios servidores públicos.

En declaraciones recientes, Juan Pablo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, fue claro: “por el momento no hay margen para aumentos salariales para los empleados estatales”, condicionando cualquier mejora a la llegada de recursos nacionales y al orden fiscal provincial.

 Aunque se adelante la apertura de negociaciones, aseguró que un nuevo incremento recién podría analizarse en marzo o abril, casi un año después del último aumento aplicado a estatales —una paritaria que quedó trunca y que dejó a los trabajadores muy por detrás de la inflación real. 

Por su parte, el intendente de Corrientes Claudio Polich ha esquivado preguntas directas sobre aumentos salariales para los trabajadores municipales en sus apariciones en medios, prefiriendo hablar de mejoras de infraestructura y eficiencia en la gestión, sin articular cómo eso se traduce en mayor poder adquisitivo. 

Esa respuesta de “mejorar condiciones de trabajo” se vuelve insólita frente a datos que muestran la precariedad de los ingresos municipales: el salario básico promedio de un agente municipal ronda los $65.000, y aun sumando aportes y pluses —muchos de ellos en negro— el ingreso promedio llega apenas a alrededor de $232.000, por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) nacional vigente de alrededor de $346.800 en febrero de 2026 y muy por debajo de la canasta básica total que coloca a una familia tipo por encima de los $400.000. 

Este cuadro no solo desnuda la incapacidad de los salarios municipales para alcanzar siquiera el mínimo legal o cubrir una canasta familiar básica, sino que obliga a preguntarse si mejorar infraestructura sin garantizar el sueldo digno de quienes sostienen ese entramado de servicios públicos es una política coherente.

La crítica se profundiza también al observar que, en la provincia, la negociación salarial se ha vuelto cada vez más dilatada. El último aumento significativo del sector público provincial data de 2025, y desde entonces los estatales no han tenido recomposiciones que acompañen el acelerado aumento de precios, dejando casi un año sin mejoras efectivas en términos reales. En un país con inflación elevada, sostener salarios estáticos es, en los hechos, una pérdida constante de poder adquisitivo real. 

Mientras tanto, la inflación devora ingresos, los costos de servicios básicos y alimentos no paran de subir, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil —el piso legal que debería asegurar condiciones mínimas de vida digna— sigue siendo apenas un parámetro que muchos sueldos municipales ni alcanzan. 

Política salarial y dignidad laboral no pueden ser reducidas a ecuaciones fiscales: atrás de cada número hay familias que hoy luchan por llegar a fin de mes. La falta de aumentos reales para estatales y municipales no es solo una decisión técnica, es un mensaje sobre las prioridades políticas en un tiempo donde la desigualdad y la precarización se sienten en las calles de Corrientes.