En plena crisis económica, con paritarias congeladas, despidos en el Estado y salarios que no alcanzan la canasta básica, los senadores nacionales se aseguraron un nuevo aumento que eleva sus ingresos mensuales a más de $9 millones.

La suba del 6,5%, aplicada en dos tramos —3,5% retroactivo a julio y 3% desde agosto—, se dio por la cláusula de “enganche” con el personal legislativo. Sin votación ni debate público, el incremento se oficializó por vía administrativa, manteniendo el blindaje de una casta política que sigue acumulando privilegios.

Mientras el salario mínimo vital y movil apenas supera los $300.000 y crece la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia, el ingreso de un senador nacional supera los 25 sueldos mínimos. Además, estos montos no incluyen adicionales como pasajes, viáticos ni otros beneficios.

La decisión generó indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre los privilegios de la dirigencia política. En un país atravesado por el ajuste, donde se exige sacrificios a la mayoría, el Congreso vuelve a ser símbolo de una desconexión cada vez más peligrosa.