La aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso nacional volvió a abrir un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo en el país. Pero también dejó una señal política concreta: el alineamiento de gran parte de la representación correntina con el oficialismo nacional, incluso en un tema atravesado por fuertes cuestionamientos ambientales.

En la Cámara de Diputados, los votos correntinos reflejaron una división con predominio del acompañamiento al proyecto. A favor se pronunciaron Lisandro Almirón, María Virginia Gallardo y José Federico Tournier, de La Libertad Avanza, junto al radical Diógenes Ignacio González, en línea con el esquema político que respalda al gobierno de Javier Milei.

En contra votaron Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Alejandro Zulli, representantes de Unión por la Patria, quienes cuestionaron la reforma por considerar que debilita la protección ambiental en un contexto de crisis climática.

La modificación de la norma, sancionada originalmente en 2010, introduce cambios en la protección de zonas periglaciares y flexibiliza condiciones para el avance de actividades extractivas. Diversas organizaciones socioambientales advierten que esto implica un retroceso en el resguardo de reservas estratégicas de agua dulce.

El Senado mostró una foto aún más contundente. Los tres representantes de Corrientes —Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de la UCR, y Carlos “Camau” Espínola, del bloque federal— votaron a favor de la reforma, sin fisuras. La provincia, en esa instancia, se alineó completamente con la aprobación del proyecto.

Este comportamiento vuelve a poner en discusión el rol del oficialismo correntino, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés. Los votos en el Congreso refuerzan la idea de una estrategia política que prioriza la sintonía con la Casa Rosada por sobre la construcción de posiciones propias en temas sensibles.

Más allá de los argumentos vinculados a la necesidad de atraer inversiones o dinamizar la economía, el acompañamiento a la reforma deja expuesta una lógica de disciplina partidaria que, en este caso, se traduce en el respaldo a una normativa cuestionada por amplios sectores sociales y ambientales.

La discusión, sin embargo, no termina en el Congreso. Distintas organizaciones ya anticiparon presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la aplicación de la reforma, lo que abre un nuevo capítulo judicial.

En ese marco, la votación correntina no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio: legisladores que, ante debates estructurales, optan por acompañar las definiciones del poder central, incluso cuando esas decisiones impactan sobre bienes comunes estratégicos.