El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de César Daniel Acevedo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alba Ricotti. 

La resolución, firmada el 6 de mayo, considera “inoficioso” el intento de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y confirma la sentencia dictada en octubre de 2023, que reconoció la doble agravante: por el vínculo de pareja y por haber mediado violencia de género.

El rechazo definitivo al recurso marca un hito en la búsqueda de justicia por el asesinato de Alba, una mujer víctima de violencia de género extrema. La Justicia correntina dejó firme la condena que había sido impugnada por la defensa, la cual alegaba violaciones al debido proceso y a garantías constitucionales. Sin embargo, el STJ concluyó que el planteo carecía de fundamentos concretos que habilitaran la vía federal.

En su resolución, los magistrados señalaron que los argumentos del recurso se limitaban a reiterar objeciones ya tratadas en instancias anteriores, sin demostrar errores de razonamiento graves ni afectaciones verificables a derechos fundamentales. De este modo, cerraron el paso a una instancia superior y ratificaron la validez del juicio que condenó a Acevedo.

Alba Ricotti fue asesinada en un contexto de violencia machista, un fenómeno que, pese al avance de las leyes y protocolos en materia de género, sigue cobrando vidas en todo el país. La confirmación de la condena a su femicida es también una señal a las víctimas y a la sociedad: los crímenes de género no quedarán impunes.

Desde organizaciones feministas y familiares de víctimas celebran el fallo como un paso necesario para consolidar una respuesta estatal firme frente a la violencia de género. “El Estado tiene la obligación de garantizar justicia para las mujeres víctimas de femicidio, y este fallo va en esa dirección”, señalaron voceras de la Red de Mujeres de Corrientes.

En un país donde, según datos de la Casa del Encuentro, se produce un femicidio cada 35 horas, sentencias como estas refuerzan la necesidad de una justicia con perspectiva de género, que reconozca las desigualdades estructurales y actúe en consecuencia.