Por Jeremias Giordano

A 56 años del Correntinazo, la historia vuelve a resonar con fuerza en las calles de Corrientes y en las aulas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El 15 de mayo de 1969, la represión estatal cobró la vida del estudiante de Medicina Juan José Cabral, quien protestaba contra la privatización del comedor universitario. Ese hecho, lejos de ser aislado, encendió una chispa de movilización popular que se extendió a otras ciudades y dio origen a una etapa de creciente conflictividad social.

El asesinato de Cabral fue el catalizador de una serie de protestas que desembocaron en el Rosariazo y el Cordobazo, marcando un punto de inflexión en la resistencia contra la dictadura de Onganía. Aquella generación de estudiantes y trabajadores entendió que la educación no podía desligarse de las condiciones de vida y del modelo de país.

Juan José Cabral

Hoy, medio siglo después, se encuentran similitudes preocupantes. Las políticas de desfinanciamiento hacia el sistema universitario, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, reabren debates que parecían superados. En 2024, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario—que buscaba actualizar los salarios docentes y garantizar el funcionamiento básico de las universidades—fue la chispa que encendió las Marchas Federales Universitarias en todo el país.

Una universidad cercada por la pobreza y el ajuste

La respuesta social fue contundente. El 23 de abril de 2024, más de tres millones de personas marcharon en defensa de la universidad pública. En Corrientes, la convocatoria fue masiva y diversa: estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales recorrieron las calles desde el Parque Mitre hasta el Rectorado de la UNNE. La unidad multisectorial evocó la articulación histórica que caracterizó al movimiento estudiantil y obrero de 1969.

Segunda Marcha Federal Universitaria en el 2024, en Corrientes

Uno de los focos más alarmantes es la situación de los salarios docentes. Según relevamientos más del 60% del personal docente de la UNNE se encuentra por debajo de la línea de pobreza. A eso se suma la falta de recursos para infraestructura, becas, comedores y servicios básicos que garantizan la permanencia de los estudiantes, especialmente aquellos del interior de Corrientes y Chaco.

El contexto económico actual, con aumentos constantes en alquileres, transporte y materiales de estudio, empuja a cientos de jóvenes a abandonar sus estudios. Así, la universidad pública corre el riesgo de volverse un privilegio reservado para unos pocos, en contraposición a su histórica función de igualar oportunidades y garantizar derechos.

La narrativa que presenta a la educación como un bien de consumo atenta contra la concepción consagrada en la Ley de Educación Superior reformada en 2015, que establece la gratuidad de los estudios y el rol indelegable del Estado en su financiamiento. Por eso, la defensa de la universidad pública no es solo una demanda sectorial, sino una causa que involucra a la sociedad en su conjunto.

El intento de arancelar la educación y de implementar un sistema de vouchers remite a las políticas neoliberales de los años 90, que ya demostraron su ineficacia y su impacto negativo en el acceso a la educación.  La historia reciente muestra que la mercantilización de la educación profundiza las desigualdades y limita las oportunidades de desarrollo para amplios sectores de la sociedad.

La historia también enseña que los derechos no se conceden, se conquistan. A 56 años del Correntinazo, el legado de Juan José Cabral sigue vigente. Su muerte, lejos de ser un recuerdo distante, vuelve a interpelar a las nuevas generaciones que entienden que sin universidad pública y gratuita no hay futuro.