Por Jere Giordano

En 2024, la mortalidad infantil en Argentina volvió a aumentar por primera vez desde 2002, rompiendo una tendencia histórica de descenso. El indicador pasó de 8 a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, según datos oficiales analizados por Chequeado en las cifras del Ministerio de Salud de la Nación.

A ese aumento se suma un contexto que el propio informe de Chequeado señala como determinante: el desfinanciamiento de políticas de salud por parte del Gobierno nacional. Durante 2024 se registraron recortes reales en programas clave vinculados a la atención materno-infantil, la provisión de insumos, el fortalecimiento de la atención primaria y el acompañamiento a las provincias, en un escenario de inflación que deterioró aún más la capacidad operativa del sistema sanitario.

Si bien la salud es una competencia compartida, el impacto de esos recortes no es homogéneo. Provincias con mayores desigualdades estructurales, sistemas de salud más frágiles y fuerte dependencia de programas nacionales —como Corrientes— sienten con mayor crudeza el retiro del Estado nacional. Menos recursos para controles prenatales, seguimiento de embarazos de riesgo y atención perinatal se traducen, en los hechos, en mayores probabilidades de muerte infantil.

Dentro de ese escenario, Corrientes se ubicó como la provincia con la tasa más alta del país: 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima del promedio nacional y por encima de provincias con mayores niveles de pobreza estructural.

El dato adquiere una dimensión política particular si se lo cruza con el posicionamiento público que la provincia adoptó en los últimos años. Corrientes es una de las tres provincias argentinas que se declararon oficialmente “provida”, junto con Salta y Chaco, mediante resoluciones legislativas y pronunciamientos institucionales impulsados durante el debate por la legalización del aborto.

Estas declaraciones, de carácter simbólico pero políticamente significativas, se apoyaron en una fuerte legitimación religiosa, con un rol central de la Iglesia Católica y sectores evangélicos, y en la defensa del discurso de las “dos vidas”: la de la madre y la del niño por nacer.

Sin embargo, la evidencia sanitaria muestra que esa autodefinición próvida no se tradujo en mejores condiciones de vida para los niños y niñas que efectivamente nacen en la provincia. Por el contrario, Corrientes encabeza un indicador —la mortalidad infantil— que da cuenta de fallas estructurales en el acceso a la salud, la atención prenatal y perinatal, las condiciones socioeconómicas y la cobertura territorial del sistema sanitario.

La mortalidad infantil mide las muertes de niños y niñas menores de un año y está asociada, principalmente, a afecciones perinatales, malformaciones congénitas, controles prenatales insuficientes, pobreza, desnutrición y desigualdad en el acceso a servicios de salud. No es un indicador influido de manera directa por la legalidad o ilegalidad del aborto.

En ese punto, el debate público suele incurrir en una confusión deliberada. No existe evidencia que vincule la legalización del aborto con un aumento de la mortalidad infantil. Son fenómenos distintos: uno ocurre antes del nacimiento y el otro después, y responden a políticas públicas completamente diferentes.

De hecho, los datos disponibles muestran que el aborto legal, seguro y gratuito no incrementa la muerte de bebés, pero sí reduce la mortalidad materna por abortos inseguros. Tras la sanción de la Ley 27.610, organizaciones especializadas y estadísticas oficiales registraron una disminución de muertes maternas asociadas a abortos clandestinos y una reducción de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes.

Paradójicamente, Corrientes figura entre las provincias con menor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo registradas, lo que refuerza la idea de que restringir o desalentar el acceso a derechos reproductivos no mejora los indicadores de salud infantil ni garantiza mejores condiciones de cuidado para las infancias.

La contradicción queda expuesta: una provincia que se declara oficialmente próvida, con fuerte respaldo religioso y un discurso centrado en la defensa de la vida, es al mismo tiempo la que más muertes infantiles registra en el país.

El problema, entonces, no parece ser la existencia del aborto legal, sino la ausencia de políticas integrales y sostenidas de salud pública, cuidado materno-infantil y reducción de las desigualdades sociales. Defender la vida no se agota en proclamas morales: se expresa, sobre todo, en la capacidad del Estado de garantizar que quienes nacen puedan vivir.

FUENTES

Chequeado, La mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos por primera vez desde 2002, con datos oficiales de Estadísticas Vitales.

Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales y mortalidad infantil por provincia.

Declaraciones “próvida” provinciales y municipales en el marco del debate por la Ley 27.610 (registros legislativos y relevamientos periodísticos).

REDAAS, informes sobre impacto del aborto legal en mortalidad materna y salud pública.

Análisis sobre determinantes sociales de la mortalidad infantil en Argentina