La Justicia de Misiones encara la fase final del juicio en la causa contra Germán y Sebastián Kiczka, imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Sebastián enfrenta además cargos por abuso sexual agravado contra una menor de 13 años. 

El caso, de alto impacto social y político, pone en evidencia la urgencia de contar con mecanismos de protección efectivos para las infancias, y la necesidad de una Justicia con perspectiva de género.

La investigación comenzó a raíz de la operación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, en la que se detectó una red de intercambio de pornografía infantil con ramificaciones en varias provincias argentinas. 

En la notebook de Germán Kiczka, quien en ese momento era diputado provincial de La Libertad Avanza, se hallaron más de 600 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia. Sebastián, su hermano, fue detenido tras permanecer prófugo durante semanas, al igual que Germán. Ambos fueron arrestados en agosto de 2024.

Pericias psicológicas revelaron indicadores de conductas sexuales patológicas: Germán con inclinación a la pedofilia y Sebastián con trastornos sexuales no exclusivos y rasgos depresivos. 

Las pruebas recolectadas por la fiscalía —que incluyen material audiovisual, testimonios y pericias— sustentaron el pedido de juicio oral, aceptado recientemente por el tribunal.

La causa también tuvo impacto político: Germán fue separado de su banca en la Legislatura de Misiones y repudiado por amplios sectores sociales y partidarios. Organizaciones de defensa de derechos de niñeces exigieron además una revisión de los mecanismos de control y prevención dentro de las estructuras estatales.

Cercanías inquietantes: similitudes con el caso Loan

El caso Kiczka no puede analizarse de forma aislada. Su impacto y contexto se entrecruzan con lo ocurrido en Corrientes con la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años que aún continúa desaparecido.

Aunque se trata de delitos diferentes, ambos hechos ocurrieron en provincias del norte argentino, casi al mismo tiempo, y expusieron cómo el poder político y las fallas estructurales del sistema judicial pueden operar en contra de los derechos más básicos de niñas y niños.

En el caso Loan, la complicidad de sectores policiales y políticos retrasó la investigación, con pistas falsas, encubrimientos y una falta de acción inmediata. En el caso Kiczka, fue necesario el impulso de una red internacional para que se actuara en el plano local, aun cuando uno de los acusados formaba parte del poder legislativo provincial.

Ambos casos pusieron en agenda la necesidad urgente de contar con protocolos de intervención rápidos y eficaces, así como de formación obligatoria con perspectiva de género y derechos de niñeces para quienes ocupan funciones judiciales, políticas y de seguridad. 

La cercanía temporal y geográfica, sumada a la exposición brutal de las vulnerabilidades institucionales, convierten estos casos en un llamado de atención colectivo.

Tanto el caso Kiczka como el de Loan dejan en claro que no hay más lugar para la impunidad. La sociedad exige respuestas y reparación, pero también transformación estructural