Este martes 17 de febrero, la ciudad de Corrientes fue escenario de un abrazo simbólico al Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), donde durante la última dictadura cívico-militar funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas.

La convocatoria reunió a organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas, organizaciones sociales, sindicales y vecinos que expresaron su preocupación por el futuro del predio. La actividad incluyó una recorrida por el lugar, intervenciones artísticas y testimonios que recordaron lo ocurrido allí entre 1976 y 1983.

El eje del reclamo apunta a un conflicto abierto con el Gobierno nacional, que —según denunciaron los convocantes— avanzaría con la posibilidad de vender el terreno como inmueble del Estado. Para las organizaciones, esa decisión implicaría desconocer el carácter histórico y judicial del sitio, además de poner en riesgo su funcionamiento como espacio público de memoria.

En ese marco, recordaron que el RI9 se encuentra alcanzado por la Ley Nacional 26.691, norma que declara de interés público y protege los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. La ley establece su preservación, señalización y resguardo, y prohíbe cualquier modificación que altere su valor testimonial.

Durante la jornada se insistió en que el predio no es un bien inmobiliario más, sino una prueba material del terrorismo de Estado y un espacio pedagógico para las nuevas generaciones. También se reclamó a las autoridades provinciales que se pronuncien con claridad frente a la situación y garanticen la continuidad del sitio como espacio de memoria.

El abrazo se inscribe en las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976 y anticipa un calendario de movilizaciones de cara al 24 de marzo. Para quienes participaron, la defensa del RI9 no es solo una disputa administrativa: es una discusión política y ética sobre cómo una sociedad decide preservar —o no— las huellas de su pasado reciente.