El gobierno de Javier Milei avanzó en un acuerdo de conciliación con el empresario británico Joe Lewis que cerró el litigio iniciado por el Estado argentino en 2023 por la compra de tierras en Lago Escondido, una zona considerada estratégica por su ubicación en área de frontera. 

La decisión implicó el retiro de la “acción de lesividad”, una herramienta jurídica clave que buscaba declarar nula la adquisición por presuntas irregularidades en la operación.

El convenio, firmado el 14 de enero de 2026 entre el Ministerio del Interior y la firma Hidden Lake S.A., fue homologado en feria judicial y estableció que el Estado “nada tiene que reclamar”. 

En términos concretos, esto significó resignar la posibilidad de recuperar más de 12.000 hectáreas cuya venta había sido cuestionada por vulnerar normativas que restringen la extranjerización de tierras en zonas sensibles.

El cierre del expediente no solo desactiva una causa judicial relevante, sino que también consolida el dominio privado de Lewis sobre un territorio atravesado por conflictos históricos en torno al acceso público. 

Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es un espejo de agua de carácter público, pero con accesos restringidos de hecho, lo que ha derivado en múltiples movilizaciones, denuncias y fallos judiciales que aún siguen en disputa.

En este contexto, la decisión del Ejecutivo adquiere una dimensión política mayor. Al desistir de la demanda, el Estado renuncia a discutir la legalidad de la apropiación de tierras en una zona de seguridad de frontera, un aspecto vinculado directamente a la soberanía territorial. 

La medida fue cuestionada por distintos sectores que advierten que no se trata solo de un acuerdo judicial, sino de una señal sobre el rol estatal frente a intereses privados en áreas estratégicas.

Mientras continúan los reclamos por el acceso al lago —incluido el histórico conflicto por el camino de Tacuifí—, el acuerdo con Lewis reconfigura el escenario: cierra la vía institucional para revisar la propiedad de las tierras y deja planteado un interrogante de fondo sobre los límites de la soberanía cuando el Estado decide retirarse de su propia defensa.