El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Gerardo Dahse y dejó firme la condena a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. La decisión, tomada el 24 de abril, cierra la vía ordinaria de apelaciones y habilita la ejecución efectiva de la pena.

El fallo no sólo ratifica la sentencia dictada en 2023, sino que consolida un proceso judicial atravesado por años de denuncias, dilaciones y resistencias. Para el tribunal, la defensa no logró plantear una cuestión federal válida y sus argumentos se limitaron a cuestionar pruebas ya analizadas en instancias previas, por lo que declaró inadmisible el recurso.

Pero este punto de llegada no puede leerse de forma aislada. La confirmación definitiva de la condena se inscribe en un caso mucho más amplio, que expuso un patrón de violencia sostenido en el tiempo y una respuesta judicial tardía.

El 5 de octubre de 2023, el Tribunal Oral Penal N° 1 había condenado a Dahse por abuso sexual gravemente ultrajante contra una paciente. Esa sentencia fue el resultado de un proceso que comenzó con la denuncia de “Violeta” en 2021, a la que luego se sumaron otras voces: Carolina —que había denunciado en 2008 sin lograr avances— y “Rebeca”, entre otras.

Con el avance del caso, comenzaron a aparecer más testimonios. De manera extraoficial, se registraron al menos 20 relatos de mujeres que describen un mismo modus operandi: abusos cometidos en el marco de la relación médico-paciente, aprovechando la posición de poder y la confianza depositada en el profesional.

Ese conjunto de denuncias permitió dimensionar el carácter estructural del caso, pero también dejó en evidencia las dificultades para acceder a la justicia. Muchas de las sobrevivientes no pudieron denunciar en su momento por falta de acompañamiento, recursos o condiciones materiales, mientras que otras causas quedaron truncas por obstáculos judiciales, como la prescripción.

En ese sentido, otro fallo previo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes había marcado un antecedente clave: la reapertura de una denuncia que había sido cerrada. Allí, el tribunal consideró que los plazos de prescripción debían suspenderse por el rol de funcionario público que ocupaba Dahse, lo que volvió a poner en movimiento una causa que había quedado archivada.

Así, el recorrido judicial muestra una doble dinámica: por un lado, la consolidación de una condena firme; por otro, la ampliación del alcance del caso a partir de nuevas líneas de investigación.

Entre la primera denuncia en 2021 y la ratificación de la condena pasaron casi cuatro años. Un tiempo atravesado por apelaciones, dilaciones y tensiones, que mantuvieron en suspenso la ejecución de la pena. Si se incorpora el antecedente de denuncias anteriores, como la de 2008, el arco temporal se extiende aún más y deja al descubierto largos períodos de impunidad.

La decisión reciente del tribunal provincial, en ese marco, no sólo tiene impacto jurídico inmediato. También funciona como un punto de inflexión en un caso que logró romper el silencio a partir de la acumulación de testimonios y la persistencia de las denunciantes, y que todavía mantiene abiertas otras posibles responsabilidades dentro del sistema judicial.