Un análisis de Nueva Mirada Radio

La reciente visita a Corrientes del ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a poner en escena una discusión que atraviesa a la provincia desde hace años: el futuro del predio del ex Regimiento de Infantería Nº 9, donde hoy funciona el Espacio de Memoria RI9.

En ese contexto, el gobernador Juan Pablo Valdés, hermano del ex mandatario Gustavo Valdés, reiteró la intención provincial de avanzar con su venta, reactivando un conflicto que combina intereses inmobiliarios, decisiones administrativas y una disputa de fondo sobre el sentido de la memoria histórica.

El ex RI9 no es un terreno más. Allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Correntinos y correntinas fueron secuestrados, torturados y desaparecidos en ese mismo espacio que hoy se intenta proteger como sitio de memoria. Su valor no es sólo simbólico: es prueba material del terrorismo de Estado en la provincia.

La controversia tiene antecedentes concretos. En 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, un decreto cedió los terrenos al gobierno provincial para integrarlos al llamado Plan Costero, que contemplaba la construcción de torres de departamentos. La medida generó fuerte rechazo de organismos de derechos humanos.

En diciembre de 2020, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, esa cesión fue revocada. El Ejecutivo nacional anunció que el predio volvería a la órbita de la Nación y sería destinado a un Sitio de la Memoria, bajo la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos. La decisión implicó un giro político: el espacio dejaba de pensarse como desarrollo inmobiliario para consolidarse como lugar de preservación histórica.

El escenario volvió a cambiar con la asunción de Javier Milei. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y trabajadores del espacio advirtieron que el Decreto 950/24 habilita la venta o enajenación de bienes del Estado, incluyendo el predio del ex RI9. En paralelo, señalaron incertidumbre laboral y un retroceso en las políticas públicas de memoria.

La protección legal del sitio no es menor. El Espacio de Memoria RI9 está alcanzado por la Ley Nacional 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Esa norma reconoce estos lugares como patrimonio histórico y como parte del derecho a la verdad y a la memoria, consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Frente a la posibilidad de venta, se presentaron acciones judiciales y un amparo ante la Justicia Federal para frenar cualquier intento de enajenación y cuestionar la constitucionalidad de las normas que lo habilitan.

En las últimas semanas, la discusión volvió a las calles. Un abrazo simbólico reunió a organizaciones, sindicatos, sobrevivientes y vecinos bajo una consigna clara: la memoria no se vende ni se negocia. La defensa del RI9 cobra un peso particular en este contexto: el país transita el año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976 y se multiplican las actividades por Memoria, Verdad y Justicia de cara a un nuevo 24 de marzo. Para quienes sostienen el espacio, no se trata sólo de preservar un edificio, sino de reafirmar una política de Estado en un momento histórico cargado de significado.

Lo que está en juego excede la titularidad de un inmueble. El debate interpela el modelo de ciudad que se proyecta —costero, turístico, de torres privadas— frente a la decisión de preservar un espacio atravesado por la violencia estatal. También pone en tensión dos concepciones del Estado: una que concibe sus bienes como activos a disponer en el mercado y otra que entiende ciertos territorios como bienes colectivos, irreductibles a su valor económico.

El futuro del Espacio de Memoria RI9 vuelve a quedar abierto. Entre decretos, anuncios cruzados y movilización social, Corrientes asiste a una discusión que no sólo mira hacia atrás. La pregunta es qué lugar ocupa la memoria en la democracia actual y hasta dónde está dispuesta la comunidad a defenderla.