Este texto es una adaptación periodística del artículo de Diego Vigay, Marisa Sanauria, y Juan Nobile. La versión completa puede leerse en el medio Litigio donde fue publicada originalmente.

Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina permitieron conocer distintas formas de desaparición forzada utilizadas por el terrorismo de Estado: entierros clandestinos, tumbas como NN, fosas comunes, vuelos de la muerte y el arrojo de cuerpos a ríos. En el Nordeste argentino, esa modalidad tuvo al río Paraná como uno de los principales escenarios del ocultamiento.

Esta investigación fue elaborada por Diego Vigay, fiscal federal a cargo de causas de lesa humanidad en Chaco; Marisa Sanauria, integrante del Espacio de Memoria Ri9; y Juan Nobile, especialista del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El trabajo reúne documentación judicial, archivos históricos y pericias científicas para reconstruir una práctica represiva poco visibilizada.

Según el relevamiento, numerosos cuerpos aparecieron flotando en el Paraná y en cursos de agua conectados al río en Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Muchos fueron encontrados por pescadores, vecinos o personal de Prefectura Naval, trasladados a morgues locales y luego enterrados sin identificar en cementerios de la zona.

El EAAF informó que, hasta 2026, logró recuperar 1.652 cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado en todo el país. De ese total, el 85,3% fue localizado en cementerios, el 3,7% en fosas clandestinas y el 11% en la vía pública o espacios abiertos. Hasta ahora, 848 personas pudieron recuperar su identidad.

Las Tumbas NN en el Cementerio de Empedrado

Uno de los casos más relevantes del Nordeste ocurrió en el cementerio San Roque de Empedrado, en Corrientes. Allí se concentraron investigaciones que comenzaron en 2006 para localizar restos de personas enterradas como NN luego de aparecer en las costas del río durante los años más duros de la represión.

Las tareas incluyeron excavaciones arqueológicas y análisis forenses, pero también una reconstrucción histórica minuciosa. Se revisaron diarios de época, libros de ingreso del cementerio, actas de defunción, registros policiales y expedientes judiciales. A eso se sumaron testimonios de pescadores, empleados municipales, sepultureros y médicos que participaron de los procedimientos entre 1976 y 1977.

Ese proceso también fortaleció el trabajo articulado entre la Fiscalía Federal, la Universidad Nacional del Nordeste y el EAAF, generando capacidades técnicas en la región para investigaciones de memoria e identificación de restos humanos.

Las identificaciones

Del trabajo realizado en Empedrado surgieron identificaciones clave que permitieron reconstruir historias individuales y, al mismo tiempo, el funcionamiento general del plan represivo.

Rómulo Gregorio Artieda fue la primera persona identificada en 2007. Había sido visto con vida en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. Los estudios determinaron que fue asesinado por disparos y que luego su cuerpo fue arrojado al río antes de ser enterrado como NN.

Julio Andrés “Bocha” Pereira fue identificado en 2014. Era una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado en la región. Su hallazgo aportó pruebas sobre el destino posterior de algunos cuerpos y confirmó maniobras de encubrimiento.

Carlos Enrique Tereszecuk recuperó su identidad en 2018. Había sido secuestrado en Chaco por su militancia política, trasladado a un centro clandestino, asesinado y luego arrojado al Paraná. Su cuerpo había sido recuperado décadas antes, pero permanecía enterrado sin nombre.

La investigación también menciona a Pantaleón Romero, histórico dirigente de las Ligas Agrarias correntinas. Sus restos fueron encontrados en el arroyo Miriñay, en la zona de Mercedes, otro punto donde quedaron marcas del accionar represivo.

La sentencia que reconstruye el arrojamiento sistemático

El 11 de agosto de 2025, la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger dictó una sentencia que reconoció judicialmente que el arrojo de cuerpos al Paraná fue parte de una metodología sistemática de exterminio y ocultamiento dentro del área controlada por el II Cuerpo de Ejército.

La resolución se apoyó en testimonios de sobrevivientes, documentos oficiales, archivos administrativos y peritajes científicos acumulados durante años. Entre las pruebas valoradas aparecieron intervenciones del médico policial Otto Eliseo Manzolillo, quien firmó certificados vinculados a cuerpos hallados en costas correntinas.

El fallo representó un avance central en los procesos de verdad y justicia, porque no sólo juzgó responsabilidades individuales, sino que también dejó establecido judicialmente cómo operó una de las formas menos visibles del terrorismo de Estado en el Nordeste argentino.