El gobierno de Donald Trump dispuso a inicios de mayo un nuevo paquete de medidas coercitivas contra Cuba que profundiza el bloqueo económico, financiero y comercial vigente desde hace décadas. Las disposiciones alcanzan sectores clave como energía, finanzas y comercio exterior, e incluyen sanciones extraterritoriales a empresas y países que mantengan vínculos con la isla, en el marco de una política que busca aumentar la presión sobre el Estado cubano y condicionar su rumbo político.

En términos concretos, las medidas más duras se concentran en tres frentes. Por un lado, se restringe aún más el acceso de Cuba al sistema financiero internacional: bancos y entidades que operen con la isla pueden ser sancionados, perder acceso al sistema en dólares o ver congelados activos en Estados Unidos. Esto dificulta pagos, importaciones y cualquier operación básica de comercio exterior.

Por otro lado, se intensifica el cerco energético. Las nuevas disposiciones apuntan a cortar o encarecer el suministro de petróleo y combustibles, penalizando a empresas navieras, aseguradoras y proveedores que participen en esos circuitos. En una economía altamente dependiente de la importación de energía, esto tiene efectos directos sobre el transporte, la generación eléctrica y la producción de alimentos.

El tercer eje es la ampliación de sanciones extraterritoriales: empresas de terceros países que inviertan, comercien o presten servicios en Cuba quedan expuestas a represalias. Esto incluye desde turismo hasta infraestructura, lo que desalienta inversiones y profundiza el aislamiento económico. En la práctica, el bloqueo deja de ser solo bilateral y se convierte en un mecanismo de presión global.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las disposiciones y las calificó como “un recrudecimiento del bloqueo” y “una política de asfixia económica contra el pueblo cubano”. En declaraciones públicas, sostuvo que se trata de “medidas coercitivas unilaterales que buscan rendir por hambre y necesidades a la población”, y denunció que constituyen “una violación sistemática del derecho internacional”.

El mandatario cubano también advirtió que estas decisiones se inscriben en una lógica de “economía de guerra” impulsada desde Washington, orientada a provocar desestabilización interna. “No es contra el gobierno, es contra el país entero”, afirmó, y remarcó que el objetivo es “forzar un cambio político por vías no democráticas”.

El nuevo paquete se inscribe en una escalada más amplia iniciada en 2026, que incluye presiones sobre el suministro energético y mayores restricciones al sistema financiero internacional. En ese marco, la política hacia Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la agenda exterior estadounidense, con un enfoque de confrontación directa.

Diversos analistas señalan que el endurecimiento del bloqueo no solo profundiza las dificultades económicas internas de la isla, sino que también eleva tensiones en la región, al involucrar a terceros países y empresas bajo amenaza de sanciones. Mientras tanto, desde Cuba insisten en que resistirán el impacto y sostienen que las medidas refuerzan, más que debilitan, su posición política interna.