Por Jere Giordano a propósito del Día de las y los periodistas

Si hoy ingresás a trabajar a la mayoría de los medios de nuestras provincias, ya sabés más o menos lo que te espera. Salarios insuficientes, multitarea permanente, jornadas difusas, escaso tiempo para investigar y una creciente dependencia de métricas, algoritmos y urgencias productivas que poco tienen que ver con el periodismo.

Lo sabemos todos. Lo conversamos en redacciones, coberturas, reuniones sindicales y grupos de WhatsApp. Lo padecen quienes recién empiezan y también quienes llevan décadas en el oficio. Sin embargo, frente a ese diagnóstico compartido, hay una pregunta que aparece cada vez menos: ¿por qué nos cuesta tanto pensar otras formas de hacer periodismo?

Durante años discutimos la libertad de prensa como si fuera exclusivamente un problema de censura. Como si la principal amenaza fuera la prohibición explícita de publicar algo. Pero la experiencia de estos años muestra que existen otras formas de silenciamiento. Más silenciosas. Más eficaces. Más estructurales.

Porque la verdad necesita periodistas dispuestos a buscarla, pero también necesita condiciones materiales para ser producida.

Rodolfo Walsh comprendió que la verdad tenía valor incluso cuando no podía producir justicia inmediata. Su Carta Abierta a la Junta Militar fue escrita sabiendo que probablemente no modificaría la correlación de fuerzas existente. Sin embargo, insistió en registrar. En dejar constancia. En construir verdad.

Hoy la pregunta ya no es solamente quién está dispuesto a decir la verdad. La pregunta es quién tiene las condiciones para producirla.

La precarización laboral no es únicamente un problema salarial. Es también un problema democrático. Un periodista que corre entre tres empleos, que produce contenido para múltiples plataformas o que depende de contratos inestables tiene menos tiempo para investigar, contrastar fuentes y desarrollar trabajos complejos. La verdad deja de ser únicamente una cuestión ética y comienza a depender de condiciones materiales concretas.

A eso se suma una realidad que pocas veces discutimos con honestidad. En provincias como Corrientes y Chaco, gran parte de los llamados medios privados sobreviven gracias a recursos públicos. Cuando aparecen procedimientos preventivos de crisis, despidos o conflictos laborales, lo que queda expuesto es una contradicción evidente: empresas que reivindican la lógica del mercado pero cuya supervivencia depende en gran medida del financiamiento estatal.

El problema no es que exista financiamiento público. El problema es cómo se distribuye

Mientras los grandes grupos económicos concentran pauta, infraestructura, audiencias e influencia política, los medios cooperativos, comunitarios y autogestivos deben atravesar años de precariedad para alcanzar niveles mínimos de institucionalización. Se les exige competir en igualdad de condiciones dentro de un escenario que es profundamente desigual desde el punto de partida.

La experiencia demuestra que la democratización de la comunicación no depende únicamente del esfuerzo de quienes construyen medios alternativos. Ninguna pluralidad real puede surgir cuando los recursos económicos, tecnológicos y publicitarios permanecen concentrados en las mismas manos. La diversidad de voces no nace espontáneamente del mercado. Requiere decisiones políticas capaces de redistribuir recursos y poder.

La concentración económica de los medios no produce solamente desigualdad empresarial. Produce también concentración de la palabra. Y cuando pocas empresas controlan la mayor parte de la información que circula, también aumentan su capacidad para construir sentido común.

No es casual que en nuestras sociedades se naturalicen niveles obscenos de concentración de riqueza mientras crecen la pobreza y la exclusión. La comunicación no refleja simplemente la realidad. También participa en su construcción.

Los grupos económicos que concentran medios concentran también capacidad para definir agendas, legitimar determinadas miradas sobre el mundo e invisibilizar otras. En nuestras provincias, muchas de esas estructuras crecieron al calor de la pauta estatal y de vínculos históricos con los sectores económicos dominantes. El resultado es un ecosistema informativo donde las voces populares, comunitarias y cooperativas deben disputar espacios cada vez más reducidos.

Pero incluso esa discusión resulta insuficiente para comprender el presente. Porque mientras debatimos sobre medios, la circulación de la información se desplaza cada vez más hacia plataformas digitales globales. Empresas que no producen periodismo, pero que deciden qué contenidos se ven, cuáles desaparecen y cuáles adquieren relevancia pública.

La promesa democratizadora de internet convive hoy con nuevas formas de concentración. La información compite con el entretenimiento, la publicidad, la desinformación y los discursos de odio dentro de sistemas diseñados para capturar atención y obtener rentabilidad. Lo más visible no siempre es lo más importante. Mucho menos lo más verdadero.

Las plataformas monetizan incluso nuestro tiempo de ocio. Transforman cada interacción en valor económico. Y en ese proceso condicionan la circulación de las noticias, el debate público y la construcción de consensos sociales.

La concentración no desapareció. Cambió de escala. Ya no se expresa solamente a través de monopolios mediáticos nacionales, sino también mediante corporaciones tecnológicas globales que administran algoritmos, datos y mercados publicitarios capaces de moldear la conversación pública a una escala sin precedentes.

Por eso la crisis del periodismo no puede entenderse únicamente como una crisis de los medios. Forma parte de una transformación más amplia donde la información, el trabajo, la atención y hasta la vida cotidiana son reorganizados por estructuras cada vez más concentradas.

En ese contexto, las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei no aparecen como fenómenos aislados. La hostilidad permanente hacia el periodismo, el debilitamiento de marcos laborales históricos, la eliminación de herramientas de fomento para medios comunitarios y cooperativos y la exaltación de una lógica puramente mercantil profundizan tendencias que ya existían, pero que hoy se expresan con mayor agresividad.

La discusión, entonces, no puede limitarse a defender una profesión

Tenemos que discutir quién produce la información. Quién financia su producción. Quién controla su circulación. Quién se apropia de los recursos públicos destinados a la comunicación. Y quiénes quedan sistemáticamente excluidos de esa distribución.

También debemos preguntarnos por qué, frente a un modelo que reconocemos como agotado, seguimos encontrando tantas dificultades para construir alternativas colectivas.

La defensa de un periodismo libre suele presentarse como una causa universal y abstracta. Pero después de recorrer las condiciones concretas en las que hoy se ejerce el oficio, resulta difícil sostener esa abstracción.

Porque un periodismo libre no existe en el vacío. Depende de quién controla los recursos económicos, quién posee los medios de producción de la comunicación, quién distribuye la pauta pública, quién administra las plataformas por donde circula la información y qué condiciones de trabajo tienen quienes producen noticias todos los días.

Por eso la lucha por un periodismo libre no puede separarse de una discusión más amplia sobre el modelo económico y el modelo de país.

No alcanza con reclamar independencia editorial si aceptamos niveles cada vez mayores de concentración económica. No alcanza con defender la libertad de expresión si los recursos para ejercerla permanecen monopolizados por unos pocos grupos empresariales. No alcanza con denunciar la precarización laboral si no discutimos las estructuras que la producen.

La pregunta de fondo no es solamente qué periodismo queremos.

La pregunta es qué sociedad queremos

Porque cada modelo de país produce también un modelo de comunicación. Hay proyectos que conciben la información como una mercancía más, sometida exclusivamente a las reglas del mercado. Y hay proyectos que entienden la comunicación como un derecho democrático, una herramienta de organización colectiva y un bien social indispensable para la construcción de ciudadanía.

Durante décadas nos enseñaron a pensar la comunicación como un mercado y a los medios como empresas privadas que compiten entre sí. Sin embargo, la experiencia demuestra que gran parte de esos medios se sostienen con recursos públicos, mientras la producción cotidiana de la información recae sobre trabajadores cada vez más precarizados. La socialización de recursos ya existe. Lo que no existe es una socialización democrática de sus beneficios.

Por eso quizás haya llegado el momento de recuperar una discusión que durante años fue expulsada del debate público: quién controla los medios de producción de la comunicación. Si la verdad es un bien social, ¿por qué los instrumentos para producirla y distribuirla permanecen concentrados en tan pocas manos?

Hablar de socializar los medios de producción de la comunicación no significa uniformar las voces ni reemplazar una concentración por otra. Significa construir formas más democráticas de propiedad, gestión y financiamiento. Significa fortalecer cooperativas, medios comunitarios, experiencias autogestivas y espacios donde quienes producen la información puedan participar también de las decisiones sobre su trabajo.

Porque la disputa no es solamente por el periodismo. Es por la posibilidad de que la sociedad recupere capacidad para producir sus propios relatos, sus propias verdades y sus propios horizontes colectivos. Quizás una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo no sea solamente defender el periodismo que existe.

Quizás sea empezar a construir las condiciones materiales para un periodismo distinto. Uno donde la verdad no dependa de la rentabilidad, de los monopolios, de los algoritmos o de los favores del poder. Un periodismo que sólo podrá existir plenamente cuando también seamos capaces de democratizar y socializar los medios con los que se produce.