El mercado laboral argentino atraviesa una transformación profunda. Mientras los indicadores oficiales muestran una recuperación en la cantidad de puestos de trabajo, un reciente informe del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social (GEDyMS), dependiente del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostiene que detrás de ese crecimiento se esconde un fuerte avance de la precarización laboral.

Según el estudio, entre fines de 2023 y fines de 2025 se destruyeron más de 253 mil puestos asalariados formales, aquellos que garantizan estabilidad, aportes jubilatorios, obra social y derechos laborales. En paralelo, se crearon cerca de 289 mil nuevos puestos de trabajo, pero nueve de cada diez corresponden a ocupaciones precarias, principalmente cuentapropistas de baja calificación y monotributistas.

Los investigadores sostienen que no se trata de una generación genuina de empleo de calidad, sino de una "recomposición regresiva" del mercado laboral. En otras palabras, los puestos registrados son reemplazados por ocupaciones de subsistencia, con menores ingresos y sin protección social.

Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento del cuentapropismo de baja calificación, que ya reúne a 2,6 millones de trabajadores y se convirtió en la categoría ocupacional que más se expandió desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Del total de puestos creados en los últimos dos años, siete de cada diez corresponden a este sector, mientras que el resto se concentra en otras formas de trabajo independiente.

El perfil de estos trabajadores refleja una situación de alta vulnerabilidad social. El 61% son varones, más de la mitad son jefes de hogar y casi la mitad reside en el conurbano bonaerense. Además, el 47% no completó el nivel secundario, lo que dificulta su acceso a empleos mejor remunerados. La mayoría se desempeña en actividades vinculadas al comercio, la construcción o la producción informal.

La precariedad también se expresa en los ingresos. El estudio estima que los cuentapropistas de baja calificación perciben en promedio unos 720 mil pesos mensuales, aproximadamente un 45% menos que un trabajador asalariado registrado. Como consecuencia, el 86% de ellos no logra superar la línea de pobreza y el 42% permanece por debajo de la línea de indigencia.

El informe se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de los ingresos laborales. Los investigadores señalan que el 71,1% de las personas ocupadas en Argentina percibe ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total, indicador que establece el umbral de pobreza. Incluso entre los trabajadores registrados, casi seis de cada diez no alcanzan a cubrir ese costo.

A su vez, el 63% de los trabajadores del país gana menos de un millón de pesos mensuales, una cifra que evidencia la pérdida de poder adquisitivo y el avance del fenómeno de los llamados "trabajadores pobres": personas que, pese a tener empleo, no logran garantizar condiciones mínimas de bienestar para sus hogares.

Las conclusiones del trabajo académico son contundentes. Para los investigadores, el mercado laboral argentino dejó de funcionar como un mecanismo de integración social y movilidad ascendente. La expansión del empleo existe, pero se concentra en formas de ocupación caracterizadas por la informalidad, los bajos salarios y la ausencia de derechos laborales, consolidando un escenario donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza.