El 10 de mayo el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la dirección de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, solicitó la autorización para trasladar a 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una "cárcel VIP" por sus comodidades.

Entre los represores que serían beneficiados por esta medida se encuentran genocidas como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason y Antonio Pernías. Varios de ellos solicitaron celdas individuales y la posibilidad de continuar utilizando plataformas como Skype para comunicarse con sus familias. El Tribunal Oral Federal N° 5 no presentó objeciones y avaló tanto el traslado como los pedidos especiales de los detenidos.

La Unidad 34 de Campo de Mayo, según informes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ofrece instalaciones que incluyen canchas de tenis, pistas de caminata, gimnasios, huertas, celdas individuales con televisores y heladeras compartidas entre dos internos.

Organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, expresaron su enérgico repudio a esta decisión, argumentando que representa un paso hacia la impunidad y una reversión de las políticas de memoria, verdad y justicia. En un comunicado conjunto, destacaron: "Las sentencias condenatorias por los más graves delitos deben ser cumplidas en establecimientos sin privilegios indebidos".

Desde el gobierno, se argumentó que el traslado busca liberar plazas en Ezeiza para alojar a mujeres detenidas y mejorar la distribución de la población carcelaria. Sin embargo, H.I.J.O.S. Capital señaló que los pabellones donde se encuentran los represores en Ezeiza registran una ocupación del 50%, mientras que el resto del sistema penitenciario enfrenta una sobrepoblación crítica.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también se pronunció al respecto, calificando la medida como un intento de "reivindicar el accionar de los genocidas" y una "afrenta a la memoria colectiva". En su comunicado, la institución instó a las autoridades judiciales a garantizar que las penas por crímenes de lesa humanidad se cumplan en condiciones acordes a la gravedad de los delitos cometidos.

Este traslado ha generado un amplio debate en la sociedad argentina, reavivando las tensiones en torno a las políticas de derechos humanos y la memoria histórica del país.