26-01-2022 / 16:44
Abuso sexual grupal: querella pidió protección para la sobreviviente


Los tres acusados por el abuso sexual grupal de Caá Catí fueron condenados, pero no quedaron detenidos. La querella, ante el accionar de los condenados, presentó un petitorio para que se garantice la protección para la sobreviviente y su familia.
El 20 de diciembre del año pasado el Tribunal Oral Penal N°2, conformado por el juez Cochia y los vocales Azcona y Esquivel, condenaron a nueve años de prisión a Lucas Almeida y Santiago Chávez y a siete años a Nicolás Contín, por abusar sexualemente y en forma grupal de su denunciante el 27 de febrero del 2017 en un after tras los carnavales de Caá Catí.

Tras la sentencia no quedaron detenidos, sino que deben aguardar la lectura de los fundamentos del fallo que se realizará el 2 de febrero. Por consecuencia y hasta esa fecha, pueden realizar actividades sin ningún tipo de restricción o control por parte de la Justicia, a pesar de estar inscriptos en la nómina de condenados por delitos contra la integridad sexual.

En este marco, Almeida al desempeñarse como jugador de fútbol, fue visto días posteriores a la sentencia entrenando a juveniles del club Coé Mbotá de Caá Catí. Las fotos se viralizaron en redes sociales y a pesar de que no se les veía el rostro a los adolescentes, desde la dirección del club se acusó a la familia de la sobreviviente de compartir las fotos y de exponer a los menores. Además, se afirmó que quienes los padres de esos jóvenes, tenían conocimiento acerca de la condena que recae sobre Almeida.

Ante la nula comprensión que el contacto de un condenado por abuso sexual implica hacia las adolescencias y sosteniendo que la sentencia tiene determinadas fallas en base a su aplicación de perspectiva de género, la querella presentó un petitorio ante el TOP n* 2 el pasado 23 de diciembre. En éste se pedía que ningún condenado pueda acercarse a menos de 500 metros de la sobreviviente y su familia y que además se les coloque una tobillera electrónica para evitar riesgo de fuga, entre otras peticiones que contemplan una protección integral para la denunciante.

Desde el organismo estatal contestaron en breves horas el petitorio, pero simplemente respondieron que se avisaría a los acusados de la recepción y toma de conocimiento de este documento. Cabe destacar que la ley Micaela rige en nuestro país desde el 2018 y que como parte del Poder Judicial, quienes respondieron ese petitorio y elaboraron la sentencia, en consonancia con esta normativa, deben cumplir con las recomendaciones, las disposiciones y lo que se establece, entre otras cuestiones, en convenciones internacionales para erradicar la violencia de género que hayan sido firmadas por la Nación.

En éstas quedan establecidos determinados lineamientos para garantizar la protección integral de sobrevivientes y denunciantes, que contemplan no sólo su integridad física sino también su tranquilidad emocional y la posibilidad de retomar su cotidianeidad con paulatina normalidad.

Sucede que luego de este petitorio ya inició la feria judicial y por ende, la querella no tuvo la posibilidad de presentar otro. También, después de este hecho los acusados realizaron nuevamente actividades como si no tuvieran una condena. Almeida participó de un festejo público en la plaza central de Caá Catí para recibir el año nuevo y Chávez fue visto paseando en la capital correntina. La contracara de esta libertad en condena es la de la sobreviviente y su familia, quienes estuvieron encerrados durante las fiestas porque consideran que la protección judicial hacia ellos no es la que se aplica según los lineamientos establecidos en la perspectiva de género que resguarda su integridad.

Lamentablemente la sentencia se formuló con un vacío en cuanto a proyectar la seguridad de la sobreviviente, su bienestar y la posibilidad de retomar sus actividades. No es menor recordar cómo ella y su familia denunciaron una serie de hostigamientos tras la denuncia, que incluso fue rectificada con las declaraciones de varios testigos durante el juicio, en especial la testimonial de la ex-pareja de la denunciante quien testificó que la amenazaron de muerte.

Hasta el 2 de febrero hay tres condenados por abuso sexual grupal que llevan una vida en libertad como si no existiera sentencia y una sobreviviente que sigue resguardada y con miedo, desde hace cinco años, como cuando vivenció el hecho y realizó la denuncia.


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