22-11-2021 / 18:42
Muerte de Lautaro: la necesidad de derogar el Código Contravencional


El Código Contravencional de Corrientes fue escrito en 1901 y reformado por la Intervención Federal del 2001. Viola tratados internacionales y le otorga facultades especiales a la policía para detener sin orden judicial y penaliza conductas genéricas.
El Código Contravencional de Corrientes “sostiene y reafirma estas prácticas violatorias a los tratados Internacionales, da facultades especiales a la policía para detener sin orden judicial y penaliza conductas genéricas”, afirmaron desde el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste (Ocso-NEA).

Dichas conductas arbitrarias son “de vaga o imprecisa definición, directamente dirigidas a la criminalización del conflicto y la protesta social, y a la persecución de quienes subsisten malamente con tareas precarias en la vía pública, por ejemplo”.

El Código Contravencional de Corrientes fue escrito en 1901, hace 120 años, y fue reformado para peor por la Intervención Federal ordenada por el presidente de ese entonces, Fernando De la Rúa en el 2001.

Desde el Ocso-NEA reiteraron que la mitad de personas muertas en una comisaría en los últimos 18 años, “no estaban acusadas por un delito ni habían sido detenidas por orden judicial. Eran demoradas, contraventoras, víctimas de alguna de estas formas de detenciones arbitrarias”.

De acuerdo al Ocso-NEA, que realizó un informe luego de la muerte de Lautaro Rosé, una conducta es delito “si está definida como tal en el Código Penal”.  Una cuestión “bien diferente es la aplicación subsidiaria de las normas penales a conductas que, por definición, no son delitos”.

En este aspecto, “coincidimos con las declaraciones de la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi), producidas a consecuencia del hallazgo del cuerpo sin vida del cuerpo de Lautaro en aguas del Paraná, a un kilómetro de la zona donde fuera obligado a arrojarse para evitar el violento accionar policial”, afirmaron.

“Una razzia así no hubiera sido posible si algún gobierno argentino, desde 2003, hubiera cumplido la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Bulacio”, indicaron.

Esa sentencia “hace 18 años espera una decisión política para terminar con el conjunto de facultades que habilitan a las policías y las demás fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente”, señalaron.

Por el caso Bulacio, la Cidh condenó al Estado Argentino y pidió que adecue el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y “darles efectividad, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 122 a 144 de la presente Sentencia”.

En tales párrafos, la Cidh analizó el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina, y llegó a la conclusión de que existen “prácticas no normadas que habilitan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones de personas por fuera de las únicas dos hipótesis; en flagrancia o en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente”.

Por tal motivo, la Correpi sostiene que “si se hubiera cumplido esa sentencia, si se hubieran derogado todas las normas que habilitan la intercepción y detención de personas a puro gusto y pleno olfato policial, como la averiguación de antecedentes o la detención para identificar, si se eliminaran todas las prácticas no normadas, pero avaladas oficialmente por todos los poderes del estado, como las razzias, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé”.

De igual forma, “tampoco hubieran muerto más de la mitad de las personas que murieron en una comisaría en los últimos 18 años”.


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