24-09-2020 / 18:45
Otra vez la doble vara de la Justicia correntina


Mientras que dirigentes opositores sufren amañados procesos judiciales en contra, con prisiones preventivas y efectivas, el consejero de Valdés, Manuel Sussini, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria tras ser acusado de abuso sexual contra una menor. Beneficio que jamás fue otorgado a presos de otro estrato social.
La transformación de la Justicia en instrumento del Poder político está dejando cada vez más desamparada a la sociedad correntina. En la última semana el contraste en diferentes casos fue notable: por un lado el juzgamiento y condena a un grupo de ex funcionarios de Perugorría que pasaron casi tres años en prisión esperando el juicio; y del otro, Manuel Sussini, consejero del gobernador Gustavo Valdés, recibiendo el beneficio de la prisión domiciliaria luego de ser denunciado por abusar sexualmente de una menor de edad.

En el medio también, decenas de personas privadas de su libertad por delitos muchos menores que vieron cómo fueron rechazados sistemáticamente sus pedidos de prisiones domiciliarias o libertades condicionales en plena pandemia del coronavirus. Muchas de esas solicitudes fueron realizadas por internos de la Unidad Penal N°1, considerados de riesgo por su edad o sus enfermedades preexistentes, que no tuvieron la misma suerte que Sussini.

Angelina Lesieux, Jorge Corona, Patricia Vera y Ernesto Moray Mussio fueron condenados en un proceso judicial donde no quedaron demostrados los delitos imputados, y sí que se les practicó espionaje ilegal a estos ex funcionarios comunales de Perugorría.

Sin dudar, la Justicia provincial les impuso a los cuatro la prisión preventiva desde hace casi tres años, tiempo que superó lo estipulado para que una persona acceda a un juicio oral que defina su culpabilidad o inocencia. Tal es así que las condenas a Vera y Moray Mussio ya fueron cumplidas durante la prisión preventiva y salieron en libertad ni bien terminó el juicio este miércoles.

Peor fue el caso de Sabrina Lammens, quien fue absuelta de todos los cargos que se le imputaron. Es decir, pasó más de dos años presa sin haber cometido ningún delito.

Sussini tiene la impunidad de tener los contactos políticos cosechados a lo largo de su extensa carrera política, que lo tuvo como senador y diputado provincial. Actualmente era consejero de Valdés, por más que desde el Gobierno provincial lo intentaron negar en los últimos días.

La Justicia correntina tardó ocho días en tomar una decisión ante una acusación grave que incluye “privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de menor de 18 años y coacción”. Además contó con el agravante que Sussini se puso en rebeldía ante la Justicia por no concurrir a declarar el viernes pasado, tal como se le había ordenado.

Más de una semana que le sirvió a Sussini y su grupo de asesores para presentar al ex legislador como un paciente casi moribundo. Excusa que necesitaba la jueza, Graciela Ferreira, para beneficiarlo con la prisión domiciliaria.

Ocho días también tardó Valdés para tomar la “valiente” decisión de echar a su consejero acusado de violar a una adolescente de 16 años.

Así está la Justicia en Corrientes: cárceles pobladas de pobres, en su mayoría ladrones de gallinas, y algunos dirigentes opositores. Mientras que los amigos del poder político siempre “zafan”, aunque cometan los delitos más despreciables que existan.

Párrafo final para la pobre oposición parlamentaria y los débiles legisladores nacionales del Peronismo, cuyo silencio durante el trascurso de todos estos hechos solo puede ser observado como complicidad con un oficialismo que hace de la instrumentalización de la Justicia su principal arma para perpetuarse en el Gobierno provincial.


2014 - Nueva Mirada Corrientes @LvDesarrollo