21-09-2020 / 16:33
Crimen de Kevin: revelan responsabilidades institucionales y civiles


A cinco meses del asesinato de Kevin Candia, interno de la Unidad Penal 1, la Red de Derechos Humanos reflejó la trama de responsabilidades institucionales y civiles. El crimen ocurrió cuando reclamaban mejoras de condiciones de salud.
Se cumplieron cinco meses del asesinato de José María "Kevin" Candia, el interno de la Unidad Penal N°1 que murió en una represión de agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Corrientes. Aún no hay ningún acusado por el crimen.

La Red de Derechos Humanos publicó un informe dejando al descubierto la trama de responsabilidades políticas e institucionales que desembocaron en esta muerte, "absolutamente injusta y evitable", de acuerdo al organismo. 

Según se afirmó, fue "un conflicto menor, circunscripto a un sector del penal, en el marco de un reclamo generalizado por resolver medidas que prevengan o atenúen los riesgos de covid intramuros fue irracional, brutal y desproporcionadamente reprimido".  

Para la Red de DD.HH., el relato oficial fue "mentiroso", y se construyó "para eludir cada una de las responsabilidades de las fuerzas intervinientes, quienes ordenaron el uso abusivo de la fuerza, quienes dispusieron el uso de municiones cargados con balas de plomo".

Las fuerzas represivas "incumplieron todos los protocolos que regulan el uso de la fuerza en el marco de incidentes y conflictos dentro de una unidad penal", afirmaron.

Una de las primeras mentiras que cayeron con los testimonios y pruebas fílmicas es la versión oficial indicando que se trató de un motín de presos. "Las imágenes de las cámaras de vigilancia de los pabellones 6 y 7 muestran que los internos realizaban una hambre pacífica", indicó el informe de la Red de DD.HH.

Tampoco hubo un "entredicho por una pelota en el patio". "En la cámara de vigilancia del pabellón central se observa que entre la imagen donde está todo en calma y el auge de la represión hay menos de 10 minutos de diferencia", se detalló en el informe.

Otra mentira que se desmoronó fue la dicha por el subsecretario de Seguridad, Luís Bravo, quien afirmó que existió un enfrentamiento entre presos. "En los vídeos se distingue que los internos no pelearon entre sí y fueron los primeros en auxiliar a Kevin", señalaron.

También se desmintió el informe realizado por la médica del Servicio Penitenciario, María Celeste Álvarez Spencer. Allí se afirmó que la muerte de Candia fue producto de heridas punzantes en el tórax". Sin embargo, la autopsia reveló que el interno recibió tres impactos de proyectiles de plomo. Fue "una muerte violenta por arma de fuego", concluyó.

El testimonio de uno de los penitenciarios reflejó que las autoridades no aplicaron el Protocolo Sanitario, ya que agentes que estaban cumpliendo la cuarentena obligatoria por casos positivos que hubo en el Penal participaron de la represión.

"Me encontraba cumpliendo la cuarentena por un caso de Covid-19 que se dio en nuestra guardia", testimonió el agente. El día de la represión, a las 15.15 horas, "dieron aviso vía telefónica que necesitaban apoyo en el Penal 1 y todos debíamos ir", agregó. "Éramos 30 funcionarios de civil que estábamos de cuarentena", completó.

Tampoco hubo "uso racional de la fuerza", ya que se usó cartucho tipo "propósito general", con posta de plomo.

Finalmente, la Red de DD.HH recordó que el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, prometió sanciones administrativas a los responsables. "No las hubo e incluso algunos de los oficiales que participaron recibieron ascensos en su jerarquía", afirmaron.   

 


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