21-05-2020 / 17:34
A un mes, piden el esclarecimiento de la muerte de José María Candia


Familiares y organizaciones sociales pidieron el esclarecimiento del asesinato de José María Candia, el interno de la Unidad Penal N°1 que murió hace un mes en medio de una feroz represión. También solicitaron asistencia sanitaria en la cárcel.
Familiares e integrantes de organizaciones de derechos humanos se concentraron frente al edificio de tribunales para recordar y exigir el esclarecimiento del asesinato del José María “Kevin” Candia en la Unidad Penal N°1 de Corrientes, al cumplirse un mes del hecho. 

Asimismo, exigieron respuestas a planteos sanitarios y judiciales realizados por los internos de la cárcel en medio de la pandemia de coronavirus. En la mencionada Unidad Penal, 24 internos y seis agentes penitenciarios dieron positivo de Covid-19.

“Hasta ahora la represión fue la única respuesta ante los legítimos reclamos que vinieron llevando adelante los internos para que se garantice el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de su libertad”, señaló Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos.

Recordó además que el Estado, a través de sus instituciones, "es responsable por la vida y la salud de quienes cumplen condena, quienes sólo tienen restringido el derecho a circular pero deben poder acceder a los derecho a la salud, educación y condiciones de hábitat dignas, entre otros".

José María “Kevin” Candia falleció el 21 de abril en un episodio de represión de las fuerzas de seguridad sobre varios pabellones. En esa jornada casi la totalidad de la población penal cumplía una huelga de hambre pacífica en reclamo para que sean consideradas solicitudes de libertades condicionales y asistidas en los casos que correspondiera para descomprimir el hacinamiento ante el avance del Covid 19, tal como recomendaron organismos internacionales para evitar una tragedia humanitaria en ésos contextos de extrema vulnerabilidad.

En la autopsia se determinó que tres impactos de balas de plomo en el área torácica produjeron la muerte. Pero aún no se determinaron responsabilidades penales y políticas dentro de las fuerzas de seguridad intervinientes (grupos especiales de la policía y servicio penitenciario) y de los funcionarios políticos que ordenaron el mortal operativo.

“Kevin”, quien creció en uno de los barrios más humildes de la capital correntina, llevaba ya cumplidos seis años de condena por un robo menor. Había sido padre hacía unos años. 

Desde la Red de Derechos Humanos remarcaron que luego de la muerte de Kevin, se publicitó la compra de armas e insumos de combate destinado al personal penitenciario por parte del Ministerio de Seguridad del gobierno Provincial.

Mientras que más de 20 internos contagiados de Covid-19 en la misma Unidad Penal permanecen en un galpón destinado a tareas de trabajo, "lugar que no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad e higiene, a lo que se suma la falta de personal de salud e insumos hospitalarios", remarcaron.

Tampoco hay respuesta judicial a gran parte de los pedidos para avanzar con el análisis de los casos de mayor riesgo - de quienes cumplan condena este año y estén vinculados a delitos con penas menores a 5 años o por delitos no violentos-.

Ni respuestas a las peticiones para que se resuelvan los numerosos pedidos de los procesados, sin sentencia firme y otras resoluciones atrasados por mora judicial. También es similar la situación de quienes están detenidos esperando proceso en comisarías, alejados de la justicia, y sin acceso a adecuadas pautas higiénico sanitarias en tiempos de pandemia.

A la fecha no se realizaron más pruebas que permitan tener un panorama sobre la real situación sanitaria, incluso en los pabellones donde se registraron casos.
La cárcel es una centenaria construcción que cuenta con falencias estructurales y alberga a un 40 por ciento de sobrepoblación. Tampoco se conoció sobre análisis masivos en el personal penitenciario luego de testeos realizados a un grupo tras los primeros contagios.


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