19-02-2020 / 15:49
Justicia Legítima pidió una "necesaria Reforma del Poder Judicial"


Además de la Reforma Judicial, se pidió que los Magistrados paguen el impuesto a las ganancias, la revisión de los procesos denominados “lawfare” y asumir la responsabilidad en el juzgamiento de la legitimidad de la Deuda Externa.
Se la primera reunión del año de la Comisión Directiva de Justicia Legítima, con la participación de asociadas y asociados de distintas regiones del país –entre ellas el Nordeste-  y presidida por Cristina Caamaño.

Allí, se discutieron las cuestiones relativas a la necesaria, y anunciada, reforma judicial, y se propició la participación de representantes de la asociación en los distintos ámbitos institucionales en los que se discutan temas vinculados con el sistema de justicia.

Asimismo se reafirmaron criterios tales como que las magistradas y los magistrados deben pagar el impuesto a las ganancias; que es necesario implementar un sistema que asegure posibilidades de ingreso democrático en la integración de los equipos de trabajo de los juzgados, tal como ya ocurre con los de los ministerios públicos.

Por otra parte, se insistió en la necesidad de asegurar las garantías del debido proceso para todas las personas sometidas a juicio y se concluyó que las cuestiones de las prisiones que aparecen dispuestas como consecuencia de procedimientos de “lawfare”, por razones políticas antes que técnicas, deben ser revisadas por el propio Poder Judicial, pues constituyen una anomalía en su funcionamiento y dan cuenta de la intromisión de intereses políticos en el trámite de procesos judiciales, cuestión de cuya solución es responsable final la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se concluyó en que es urgente e imprescindible que ese tribunal, en ejercicio de sus facultades, adopte medidas para atender al grave problema generado por la superpoblación carcelaria, pues no puede convalidar situaciones que resultan violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con relación a las que no se ha avanzado en una solución razonable, pese a haber sido nuestro país condenado por ello por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También se planteó la responsabilidad que debe asumir el Poder Judicial en el juzgamiento de la legitimidad de la deuda externa que hoy condiciona las políticas públicas y la vida de los habitantes del país. 


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