El Juzgado Federal Nº12 a cargo de Sergio Torres, ordenó la detención del juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. Para concretar la orden, el magistrado correntino deberá ser destituido de su cargo por el Consejo de la Magistratura.

Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar. Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto.

Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.

Molina fue detenido este martes a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto "Pochi" Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.

En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis "arrepentidos", cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

La Nación