Una campaña nacional lanzada por organizaciones feministas, colectivos de sobrevivientes de abuso sexual infantil, madres protectoras y profesionales de la salud mental alerta sobre el avance de tres proyectos de ley en tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina.

Denuncian que estas iniciativas ponen en riesgo a las infancias, debilitan la posibilidad de acceder a justicia y criminalizan a quienes denuncian abusos, en particular a las madres protectoras. Además, apuntan contra el rol activo de Fátima Silva, una abogada vinculada a la defensa de abusadores condenados, que impulsa al menos uno de estos proyectos y busca ocupar cargos institucionales en organismos de protección de derechos.

Los tres proyectos se articulan entre sí con una lógica regresiva: proteger al denunciado, silenciar a la víctima y castigar a quien denuncia.

Proyecto 1: Un único perito, múltiples silencios (Exp. 2019-D-2025)

Modifica artículos clave de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Establece que solo será válido el informe de un perito oficial designado por el juez, quien podrá entrevistar a la víctima tantas veces como lo considere necesario.

Esto elimina la posibilidad de declarar en entornos protegidos, con profesionales de confianza, y desvaloriza los informes médicos, historias clínicas y evaluaciones psicológicas de terapeutas que acompañaron a las víctimas durante años.

“Todo lo que no figure en ese único informe no tendrá valor en el proceso judicial. Se revictimiza, se silencia, y se entrega todo el poder interpretativo a un sistema que ha fallado sistemáticamente a favor de los agresores”, advierten desde las colectivas.

También denuncian que se vulnera el derecho a ser oído según la edad y madurez, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Proyecto 2: Castigar a quienes denuncian (Exp. 1186-D-2023)

Este proyecto propone penas de prisión de 3 a 6 años para quienes realicen denuncias por abuso sexual o violencia de género que no terminen en condena judicial. Las organizaciones denuncian que se invierte la lógica del derecho penal: se pasa de proteger a quien denuncia a castigarla por no lograr una sentencia.

En un país donde la mayoría de las causas por abuso y violencia no prosperan por falta de investigación, complicidad judicial o aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), esta ley se convierte en una herramienta de amedrentamiento directo a madres protectoras, familiares y profesionales.

“En lugar de preguntarse por qué las causas no llegan a condena, castigan a quien denuncia. El mensaje es claro: callate o podés terminar presa”, resumen.

Proyecto 3: Reabrir lo cerrado, revictimizar a las sobrevivientes

El tercer proyecto propone la creación de una “comisión revisadora” de causas con condena firme en casos de abuso sexual o violencia de género, bajo el supuesto de “errores judiciales”. Las organizaciones denuncian que este mecanismo busca favorecer a agresores ya condenados, reabrir causas cerradas y exponer nuevamente a las víctimas a procesos revictimizantes.

Advierten que los impulsores están vinculados a sectores negacionistas, que protegen a condenados por abuso sexual infantil o promueven el falso SAP. Reabrir causas con condena firme socava la seguridad jurídica, expone a sobrevivientes a nuevos interrogatorios y, en muchos casos, implica una vía institucional para lograr impunidad retroactiva.

Desde las organizaciones exigen:

El rechazo inmediato de los tres proyectos de ley.

Que Fátima Silva no ocupe ningún cargo vinculado a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La defensa irrestricta de la Ley 26.061.

El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW.

Y sobre todo, una justicia libre de violencia institucional, con perspectiva de género y niñez, que escuche a las víctimas, respete la palabra de las madres protectoras y no las criminalice.

Una lucha que no se calla

Frente al avance de estos tres proyectos, las madres protectoras vuelven a levantar su voz. Son quienes denuncian cuando el sistema calla, quienes protegen cuando el Estado falla, quienes sostienen la verdad cuando todo alrededor las acusa. Su palabra, que ha sido históricamente ignorada, ahora se convierte en bandera.

Al finalizar el documento difundido por los espacios que integran esta campaña nacional, escribieron una frase que sintetiza el espíritu de esta lucha:

“Nos quisieron silenciar, pero sembramos gritos. Los gritos de una verdad que no termina.”

Esos gritos no son solo un eco del dolor. Son un acto de resistencia colectiva frente a una justicia que aún funciona con lógicas patriarcales, que descree de las víctimas y protege a los agresores. Son una advertencia, un llamado y una promesa: las infancias no están solas.