Hace pocos días se presentó en Corrientes el informe “Cárcel, Género y Desigualdad”, realizado por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA (CES-UNNE) y la Red de Derechos Humanos de Corrientes. El estudio alerta sobre el incumplimiento de las Reglas de Bangkok de la ONU en relación a los derechos de mujeres privadas de libertad: acceso a la salud, maternidad, condiciones mínimas de detención y no discriminación.

Este domingo 14 de septiembre, la realidad volvió a mostrar su costado más brutal. Una mujer de 36 años, madre de un niño de 11, falleció mientras permanecía detenida en la Comisaría Primera de la ciudad de Corrientes, a disposición de la justicia federal. La mujer era diabética insulinodependiente, hipertensa y asmática; había sufrido un ACV tras su detención, lo que le dejó secuelas motoras. Desde entonces pedía asistencia médica y rehabilitación, pero los reclamos fueron desoídos.

Según relató la referente de la Red de Derechos Humanos Hilda Presman, la familia acercaba medicamentos que nunca le eran entregados. “Todo muy perverso. Por presión familiar lograron finalmente internarla, pero el ACV fue masivo y con grave daño cerebral”, explicó.

El caso refleja una trama de burocracia e indiferencia. Las mujeres detenidas por causas federales en Corrientes suelen ser alojadas en comisarías provinciales, lo que multiplica los intermediarios y las demoras para acceder a la justicia. En este caso, los pedidos de atención dependían de la división de drogas peligrosas, enlace con el fuero federal, lo que incrementó las dilaciones y dejó a la mujer en total abandono.

Presman advirtió además que existe un aumento en las detenciones de mujeres por narcomenudeo y microcomercialización de drogas. La mayoría son jefas de hogar de sectores vulnerables que recurren a esa actividad como estrategia de supervivencia. “Es el eslabón más débil de la cadena de tráfico y comercialización. Y son las que padecen el rigor del sistema: por mujeres y por pobres”, remarcó.

Organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en que la muerte no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un sistema penitenciario y judicial que desconoce la perspectiva de género, vulnera derechos básicos y criminaliza la pobreza.