Un análisis de Nueva Mirada Radio

El presidente Javier Milei avanza en una reforma laboral integral bajo el argumento de la “modernización” del mercado de trabajo. Sin embargo, sindicatos, movimientos sociales y sectores académicos alertan que el proyecto implica un retroceso profundo en derechos laborales históricamente conquistados. 

Si bien distintos borradores circularon durante los últimos meses, el documento oficial se conocerá recién el 9 de diciembre.

La confección del paquete está a cargo del economista Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, una cartera creada por el Ejecutivo para ejecutar políticas de simplificación normativa y reorganización estatal. 

Sturzenegger ya ocupó puestos clave en gobiernos anteriores: fue Secretario de Política Económica en 2001 durante la presidencia de Fernando de la Rúa, presidió el Banco Ciudad, fue diputado nacional y encabezó el Banco Central entre 2015 y 2018 en la gestión de Mauricio Macri. Diversos gremios y especialistas consideran que su llegada al gabinete actual anticipa una orientación fuertemente desreguladora.

Uno de los puntos más cuestionados es el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma propone eliminar la continuidad automática de los convenios vencidos si no son renovados, lo que habilitaría a que cada empresa negocie condiciones por fuera de los acuerdos por actividad. Para el movimiento obrero, esto debilita la negociación colectiva y fragmenta la capacidad organizativa de los trabajadores.

Otro eje es la introducción de salarios por mérito, que vinculan los incrementos individuales a la productividad y no a las paritarias. 

A esto se suma el banco de horas, un mecanismo que permitiría jornadas superiores a las ocho horas sin pago de extras, siempre que se respeten 12 horas entre turnos y el tope de 48 horas semanales. 

En la práctica, implicaría horarios fluctuantes según la demanda empresarial y la reducción del pago de horas extraordinarias como derecho adquirido.

La reforma también plantea una reducción de las indemnizaciones. El cálculo excluiría comisiones, adicionales y aguinaldo, con un límite equivalente a diez sueldos sin considerar la antigüedad total. Además, se analiza un reemplazo progresivo del sistema indemnizatorio por un fondo de cese laboral financiado con aportes mensuales de las empresas, un esquema que distintos gremios interpretan como una privatización del derecho a reparación frente al despido.

El paquete incluye, además, la ampliación del período de prueba, una reducción de multas por trabajo no registrado y cambios en la estructura de representación sindical que habilitan la negociación por empresa por encima de la negociación por actividad.

Ante este panorama, una multisectorial compuesta por más de 150 organizaciones gremiales y sociales se movilizó para advertir sobre lo que consideran “un avance sistemático contra la democracia, los derechos laborales y la soberanía económica”. Para analistas críticos, estas medidas no solo reconfiguran el marco regulatorio del trabajo, sino que también debilitan el poder colectivo de los trabajadores en un contexto de creciente desigualdad.

En definitiva, la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei propone un cambio de modelo: pasar de un esquema basado en convenios colectivos y protección social a otro donde las condiciones laborales se adapten a las necesidades empresariales, redefiniendo el equilibrio histórico entre capital y trabajo en Argentina.