La difusión del contrato firmado entre el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda $LIBRA, volvió a poner en primer plano el escándalo cripto que estalló a comienzos de 2025 tras la promoción presidencial del token desde la cuenta oficial de X. 

El documento, fechado días antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, modifica sustancialmente el escenario político y judicial que se había abierto entonces.

Cuando Milei promocionó públicamente el proyecto, el caso fue leído como una posible estafa masiva vinculada a un esquema de pump and dump: una suba artificial del precio seguida de un derrumbe abrupto que dejó pérdidas millonarias. 

En ese momento, la defensa oficial se apoyó en una idea central: el presidente habría actuado “a título personal”, sin vínculo previo ni interés directo en el emprendimiento.

Ese argumento quedó seriamente cuestionado con la revelación del contrato confidencial, que demuestra una relación formal previa entre Milei y Davis. 

El acuerdo —presentado como un asesoramiento “ad honorem” en blockchain e inteligencia artificial— fue firmado antes de la promoción del token y permaneció oculto hasta ahora. Su existencia reabre el debate sobre conflictos de interés y uso de la investidura presidencial para legitimar un activo financiero privado.

En el plano judicial, antes de conocerse el contrato ya se habían presentado denuncias penales por estafa, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

También se investigaba el rol del tuit presidencial en la suba explosiva del token, que llegó a cotizar cerca de los 5 mil dólares antes de desplomarse en cuestión de minutos. La aparición del contrato no cerró esas causas: por el contrario, las reforzó, al sumar un elemento documental que contradice la versión de un vínculo inexistente.

La investigación federal continúa abierta y analiza tanto la mecánica financiera del token como las responsabilidades de los actores involucrados, incluidos intermediarios y movimientos de fondos posteriores al colapso. 

En paralelo, en el exterior siguen activas demandas civiles de inversores damnificados, que apuntan a la promoción engañosa del proyecto y al rol clave de la figura presidencial para dotarlo de credibilidad.

Políticamente, el caso había generado pedidos de informes, denuncias públicas y llamados a investigar un posible “Criptogate”, aunque sin derivar en un juicio político formal. Con el contrato ahora en la mesa, la oposición sostiene que cambió la naturaleza del escándalo: ya no se trata solo de un tuit irresponsable, sino de un vínculo previo que compromete la narrativa oficial y profundiza las sospechas sobre el uso del poder presidencial.

A más de un año del estallido de $LIBRA, el contrato funciona como una pieza clave que reordena todo lo ocurrido después. No hay aún resoluciones judiciales definitivas ni condenas, pero sí un escenario más complejo para el Gobierno, donde la frontera entre error, negligencia y responsabilidad política aparece cada vez más difusa.