Por Jere Giordano 

La tarde empezó a caer, el martes 12 de mayo, sobre Corrientes mientras las primeras columnas avanzaban hacia el centro. No había épica uniforme ni orden cerrado. Había docentes, estudiantes, trabajadores estatales, militantes, jubiladas, artistas callejeros. 

La Cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en movimiento una pregunta que excede el presupuesto: qué lugar ocupa la universidad pública en un país atravesado por el ajuste, la precarización y la fragmentación social.

Entre las banderas sindicales y los carteles improvisados apareció una escena difícil de encapsular en la lógica tradicional de una protesta. Una mujer con pechera verde de ATE sonreía mientras bailaba junto a una joven con nariz de payasa.

 Detrás, una tela roja enorme se inflaba con el viento de la costanera. La escena parecía suspendida entre la fiesta y la resistencia. Como si incluso en medio del deterioro económico todavía hubiera espacio para defender algo desde la alegría colectiva y no solamente desde la bronca.

Más adelante, un grupo de estudiantes sostenía una bandera pintada a mano: “Universidad pública siempre”. La tela blanca avanzaba ocupando un carril entero de la avenida. En una esquina, el rostro del Che Guevara dibujado en negro volvía a aparecer como un símbolo insistente dentro de una marcha atravesada por generaciones distintas. 

Algunos apenas empezaban la universidad. Otros cargaban años de militancia gremial, asambleas y conflictos universitarios acumulados. La marcha mezclaba esas temporalidades sin demasiada prolijidad, pero con una coherencia política visible en los cuerpos caminando juntos.

En los carteles también aparecía otra discusión. “La educación también es política. Si no lo entendiste te falta educación”, decía uno de los mensajes levantados entre la multitud. La frase funcionaba como respuesta anticipada a un discurso cada vez más instalado: la idea de una universidad “neutral”, separada del conflicto social, aislada de cualquier posicionamiento ideológico.

 Pero la movilización parecía decir exactamente lo contrario. Que defender la universidad pública implica discutir el modelo de país, el acceso al conocimiento y también quiénes quedan afuera cuando el Estado retrocede.

Entre las banderas azules de sindicatos docentes y centros estudiantiles asomaba otro cartel rosa con un nombre propio: “Mariana Ibarra presente”. La memoria también caminaba dentro de la marcha. No como gesto ceremonial sino como parte de una tradición política universitaria que insiste en reconstruir nombres, historias y militancias incluso en un contexto donde la época parece empujar hacia el individualismo y la despolitización.

Un estudiante levantaba por encima de su cabeza una hoja intervenida con un dibujo del sol y una frase escrita en negro: “Universidad pública es futuro”. La imagen resumía parte del clima de la movilización. No había solamente una defensa nostálgica de la universidad conocida hasta ahora. Había también incertidumbre. La sensación de que el conflicto universitario ya no gira únicamente alrededor de salarios o partidas presupuestarias, sino alrededor de la posibilidad misma de imaginar futuro dentro del país.

En otra parte de la concentración, un cartel sobresalía entre decenas de cabezas: “Pueblo educado es pueblo libre”. La consigna, repetida durante décadas en marchas estudiantiles y sindicales, volvía a aparecer en una Argentina donde el discurso oficial insiste en desacreditar lo público, reducir el conocimiento a lógica de mercado y presentar derechos sociales como privilegios.

La marcha avanzó entre bocinazos, celulares grabando, autos obligados a detenerse y conversaciones cruzadas sobre alquileres, becas, comedores universitarios y salarios docentes. 

La UNNE volvió a ocupar la calle, pero esta vez bajo una discusión más profunda y menos institucional. Porque detrás de cada bandera, cada cartel pintado a mano y cada cuerpo caminando sobre el asfalto, aparecía una disputa que ya no parece limitarse a la universidad: qué tipo de sociedad puede sostenerse cuando la educación pública deja de ser entendida como un derecho colectivo y pasa a ser tratada como un gasto a recortar.