La causa conocida como “Niño Rayo” sumó un nuevo capítulo en medio del proceso judicial que ya lleva casi una década. Tras el reciente procesamiento y orden de detención del psicólogo Gustavo Marcolli, la querella volvió a manifestarse con un planteo que apunta directamente a las pericias psicológicas incorporadas al expediente.

La abogada querellante, Andrea Quincose Vilalta, solicitó la impugnación de un informe psicológico presentado en la causa, elaborado por el licenciado José Mazzaro, al considerar que presenta irregularidades y carece de sustento ético profesional. Según se desprende de los planteos, el informe cuestionado forma parte de los elementos que la defensa intenta utilizar en su estrategia, lo que motivó una respuesta inmediata por parte de quienes representan a la víctima.

En paralelo, desde el entorno familiar se expuso la dificultad para conseguir un perito de parte que intervenga en instancias clave como la Cámara Gesell. De acuerdo a lo señalado, varios profesionales habrían declinado participar, lo que complejiza el acceso a herramientas fundamentales dentro del proceso judicial en casos de abuso sexual infantil.

No obstante, se mencionó que el propio Mazzaro se mostró colaborativo con la familia en una etapa previa, solicitando acceso a las pericias realizadas al niño, aunque sin asumir formalmente el rol de perito de parte.

En este contexto, la querella también apuntó contra las demoras en la tramitación del expediente y pidió a la Cámara de Apelaciones que actúe con mayor celeridad. “Solicitamos que no sean cómplices de la bicicleta judicial por parte de la defensa”, expresaron, en referencia a las instancias recursivas que, según sostienen, han contribuido a dilatar el proceso.

El planteo se da en un momento clave de la causa, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso de la defensa, lo que permitió avanzar con el procesamiento del acusado y acercar el expediente a la instancia de juicio oral.

Así, mientras la causa se encamina a una posible elevación a juicio, vuelven a ponerse en discusión no solo las pruebas en juego, sino también los tiempos del sistema judicial y las condiciones en las que se desarrollan este tipo de procesos, especialmente cuando involucran a niños y niñas víctimas de violencia sexual.