Por Jere Giordano 

La apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei dejó dos planos superpuestos. Por un lado, una defensa cerrada del programa económico. Por otro, un discurso que elevó el nivel de confrontación política en el ámbito institucional más relevante del sistema republicano.

En materia laboral, el mandatario afirmó que durante su gestión no aumentó el desempleo, aun cuando más personas se volcaron a buscar trabajo. Sin embargo, registros y relevamientos difundidos en los últimos meses describen un escenario distinto: desde el inicio de la actual administración cerraron 21.938 empresas —a un ritmo cercano a 23 pymes por día— y se perdieron 290.600 puestos de trabajo.

Solo en el último trimestre, más de 13.000 empleos registrados dejaron de existir. A ello se suma que parte de los nuevos puestos creados se concentran en la informalidad, con menor protección y deterioro de ingresos reales. El mercado laboral no muestra aún una recomposición estructural.

En el plano tributario, el presidente reiteró su definición de los impuestos como una forma de expropiación y sostuvo que el ajuste debía recaer sobre la política. No obstante, los cambios efectivos indican que la reducción más clara alcanzó a bienes personales y gravámenes vinculados a embarcaciones, mientras que el grueso del ajuste sobre la población se canalizó mediante fuertes aumentos en tarifas y servicios. 

Los incrementos acumulados rondan el 300% en transporte público, 300% en combustibles, 400% en electricidad y 500% en gas. La presión económica se desplazó hacia el consumo básico.

En educación, el discurso puso el acento en reformas curriculares y en la ampliación de evaluaciones para fortalecer competencias. Sin embargo, los datos presupuestarios muestran una contracción significativa: caída cercana al 80% en programas de becas, afectación presupuestaria en alrededor del 35% de las universidades nacionales y un impacto que alcanza al 93% de las escuelas técnicas. La brecha entre narrativa de calidad y restricción de recursos tensiona al sistema.

En el frente social, la tasa de mortalidad infantil registró una suba de 0,5 puntos durante la actual gestión. El dato adquiere dimensión histórica porque interrumpe una tendencia descendente sostenida desde 2002. No es solo una variación estadística: implica un retroceso en un indicador estructural.

Respecto del poder adquisitivo, el presidente destacó que el salario medido en dólares se triplicó. La apreciación cambiaria explica ese resultado nominal. Sin embargo, el consumo interno se ubica en su nivel más bajo en tres décadas, la morosidad familiar se triplicó y el endeudamiento de los hogares alcanza hasta el 141% del ingreso mensual. La mejora en moneda extranjera no necesariamente se traduce en mayor capacidad real de compra.

Si el plano económico presenta contrastes, el político resultó central. El discurso tuvo dos movimientos simultáneos: reforzar la idea de un enemigo interno y trasladar la confrontación al corazón del Congreso. 

La reiteración de descalificaciones y la construcción del adversario como amenaza moral no operan solo en el plano retórico. Cuando el poder se legitima en el odio y el señalamiento permanente, se habilita un marco donde el ataque al que piensa distinto se vuelve aceptable.

La deshumanización del oponente no depende únicamente de quien pronuncia las palabras, sino también de quienes las celebran y validan. Es allí donde el método adquiere legitimidad política. En un ámbito institucional por definición deliberativo, la conversión del debate en espectáculo confrontativo vacía de contenido la función parlamentaria y desplaza el conflicto hacia una lógica de antagonismo irreconciliable.

En esa dimensión, el problema excede la coyuntura económica. Se inscribe en una discusión más profunda sobre los límites de la convivencia democrática. Cuando la violencia simbólica se normaliza en el discurso oficial, el riesgo es que termine sedimentando en prácticas concretas: mayor represión, mayor tensión social y una institucionalidad cada vez más erosionada.

La apertura dejó así una síntesis elocuente: un programa económico defendido con cifras parciales y un estilo político que apuesta a la polarización como herramienta de gobierno. Entre datos falsos y construcción del enemigo, el mensaje no solo buscó validar un rumbo, sino redefinir las reglas del conflicto público.